El planteamiento fue presentado por el legislador Víctor Bogado, quien señaló que la normativa viola la autonomía de los municipios, al condicionar la entrega de patentes y registros de conducir.
La convocatoria la realizó la Comisión Permanente del Congreso, a pedido del parlamentario Enrique Bacchetta. Para que haya cuórum y dar tratamiento al proyecto, deben estar presentes al menos 23 senadores.
En caso de aprobarse la derogación del SOAT, la Comisión Permanente debe convocar a la Cámara Baja, de modo a lograr la sanción del proyecto de ley.
Objeción. La ciudadanía también rechaza la Ley del SOAT. Cuestiona que si bien se debe pagar la póliza antes de julio, la cobertura por cualquier accidente se tendrá recién desde el año que viene.
Las críticas también apuntan a que con esta norma se beneficia solo a las compañías aseguradoras.
En ese sentido, ya Hacienda y el Banco Central del Paraguay (BCP) señalaron que la reglamentación de la ley es deficiente y haría inaplicable el SOAT.
Asimismo, días pasados, el superintendente de Seguros, Diego Martínez, se reunió con legisladores y anunció su apoyo a la derogación del SOAT.
Si bien defendió el reglamento y la ley, dijo que “para despejar todas las dudas de la ciudadanía lo mejor es hacer eliminar la ley”. Asimismo, aseguró que en caso de aprobarse la derogación, las aseguradoras deberán devolver lo pagado ya a unos 5.000 propietarios de vehículos.
Estas declaraciones las realizó luego de que el Directorio del BCP haya criticado su gestión y lo haya acusado de sobrepasarse en sus funciones al comprometer el patrimonio de la banca matriz.
El presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, indicó que analizarán el desempeño del superintendente para pedir su destitución, que es potestad del Ejecutivo.
Alternativa. En la Cámara de Diputados existe un proyecto alternativo a la norma de seguros, presentada por Víctor Ríos.
El legislador propone que en vez de pagar una póliza a una compañía aseguradora, se establezca un impuesto del 10% a la compra venta de motos y 5% a los demás vehículos. Este dinero iría directamente al Ministerio de Salud Pública, para casos de siniestros vehiculares.
Actualmente, la vigencia del SOAT está suspendida hasta marzo, según resolución del BCP. Mientras, ya son 12 los municipios que accionaron contra la Ley 4950.