Desde la Dirección de Asesoría Jurídica del Senado se recomendó la desvinculación de cinco funcionarios contratados denunciados por abandono de cargo.
Se explicó que por estar bajo la modalidad del contrato, los mismos no pueden ser objeto de sumario administrativo.
Otros 11 funcionarios que son permanentes sí fueron sumariados también por abandono de cargo. Los que están en la lista a ser descontratados son todos asistentes y encargados de despacho; y sus salarios son en promedio un poco más de G. 2.000.000.
Integran la nómina Arnaldo Daniel López Echagüe, José Manuel Plate Silvero, Melissa Alexia Ocampos Do Nacimiento, María Magdalena Duarte y Claudia Elena Aquino González.
En el caso de los funcionarios permanentes sumariados, está el caso de la directora de Comunicación, Norma Beatriz Galeano López, que es la que percibe un monto mensual de G. 22 millones.
Esta lista que integra la misma junto con otros diez empleados del Congreso fue resultado de la última investigación sobre las denuncias de rabona en la institución.
También están en la mira Gerardo Causarano, coordinador de la Dirección de Enlace Legislativo; y otros con cargos de asistentes y auxiliares como José Carlos Orrego Candia; Norma Beatriz Silva Aquino y Luz María Pérez.
Además, Víctor Gómez Correa, Rolando Villalba, Mónica Elizabeth González Olmedo, Fernando León Zarza, Jazmín Cáceres López y José Solís.
Los salarios de los funcionarios van desde G. 750.000 hasta más de G. 9.000.000.
Ahora el caso de los mismos está en manos de la Secretaría de la Función Pública, y se debe seguir un proceso de investigación, el cual debe determinar la sanción administrativa que corresponda a cada caso en particular.
EN CURSO. Actualmente, hay otros nueve funcionarios con sumarios en curso por abandono de cargo y ausencias injustificadas a la institución.
Aún no hay una definición sobre las posibles sanciones, y en medio de este proceso dos de ellos decidieron presentar su renuncia.
Los demás están o en etapa de prueba o en autos para resolver. Finalmente, es el Senado el que tiene que dar el veredicto final en cuanto a las posibles sanciones, que van desde la suspensión hasta la desvinculación.
Denuncias penales. Está pendiente también el caso de varios funcionarios con denuncias penales, de los cuales se está esperando que culminen sus procesos.
En la lista figuran Víctor Sánchez, denunciado por supuesto pedido de coima; Derlis Arce y su esposa Yenilda Medina de Arce, ambos acusados por supuesta falsificación de documentos.
Otro funcionario con proceso penal es Gustavo Ortega Morales, también por faltas graves, de acuerdo a la Ley de la Función Pública.
