Extorsión, privación ilegítima de la libertad y asociación criminal son los delitos que se les atribuyen.
Los uniformados salpicados por este escándalo policial son la oficial Karina Caballero Giménez, el oficial Diego Fernando Ayala Mallorquín y los suboficiales Éver Raúl Aquino, Rafael Silvero Bogado, Hugo Arnaldo Báez Zalazar y Alfredo Báez Zalazar. Junto a ellos, también está procesado Aldo Escobar, quien es profesional del derecho.
Los agentes policiales, en el momento en que se dieron los hechos, formaban parte del Departamento de Homicidios de Alto Paraná.
La investigación realizada por la Fiscalía determinó que ambos se aliaron con el abogado para privar ilegalmente de su libertad a Reinalda Santacruz Brítez y exigirle el pago del millonario monto.
Reinalda contaba con orden de captura internacional por casos de Trata de Personas.
Los investigadores señalan que el abogado Escobar era el único que tenía conocimiento de los antecedentes legales de la afectada, ya que había sido contratado por ella para brindarle asesoramiento judicial.
Sin embargo, el profesional compartió supuestamente esta información con los uniformados, quienes, el 3 de noviembre de 2022, interceptaron a la mujer en el barrio Remansito de Ciudad del Este.
DETENCIÓN. La afectada circulaba en un automóvil, mientras que los policías, que estaban de civil, se desplazaban en una camioneta de color gris. Cuando la interceptaron, los agentes le informaron falsamente que su vehículo fue reportado como robado y la trasladaron a la base del Departamento de Homicidios, en el barrio Boquerón. Durante el trayecto, le preguntaron si tenía un abogado y, en caso afirmativo, le pidieron que lo contactara de inmediato, dice la acusación.
Señala la fiscala que los ahora acusados interrogaron a la mujer sobre su situación judicial en el país europeo, afirmando que la misma tenía captura internacional y debía ser trasladada de inmediato a Asunción.
Así habría estado más de 7 horas siendo privada ilegalmente de su libertad y le exigieron presuntamente el pago de los 100 mil euros para su liberación, y así evitar la supuesta extradición. Como se negó a entregar el dinero, la esposaron y fotografiaron.