La causa “madre” –como la consideran actuales funcionarios– se denunció ya en el 2019 por presuntas anulaciones de comprobantes de ingresos; es decir, facturas, por pago de impuestos. En total, se habrían anulado 8.286 facturas, causando un perjuicio de G. 10.057.215.329.
El caso está a cargo del fiscal de la Unidad Anticorrupción, Francisco Cabrera, quien ya cuenta con una serie de testimonios y resultados de pericias, que demostrarían cómo vulneraron el sistema muchas veces, hasta en horas de la madrugada, para anular las facturas.
Este ocurrió solo en un año. El asesor jurídico de la Junta Municipal de Lambaré, Arístides Duré, dijo que solo esperan la imputación, antes que la causa quede impune, ya que prescribe el próximo 2 de noviembre.
El interventor Amancio Rivas, designado por el Ejecutivo para evaluar la Comuna, en el 2020 determinó que hubo un daño patrimonial, se describen G. 59.000 millones, en diversos conceptos.
OTRAS CAUSAS. Además de esa, se denunció en el 2018 irregularidades en los procesos de contratos para obras por vía de la excepción.
El dinero debía ser destinado a la regularización asfáltica y la construcción y reposición de empedrados, pero no se cumplió y habría causado un perjuicio de G. 12.700 millones. Este caso lo tiene el fiscal Anticorrupción Néstor Coronel.
Otra investigación se inició por denuncias de supuestos descuentos de aportes jubilatorios y de préstamos a funcionarios, donde el dinero no ingresó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. Acá se estima un perjuicio de G. 5.000 millones.
Esta causa sigue sin tener fiscal confirmado desde diciembre del 2023, dijo Duré, ya que el fiscal anterior –Eugenio Ocampos– se inhibió, lo cual fue impugnado. Ahora el fiscal adjunto Édgar Moreno debe resolver.
Por otra parte, en plena pandemia, se denunció transferencias de fondos de Fonacide a fondos genuinos, para el pago de salarios, lo cual no está permitido por ley, ya que debían destinarse a obras. El caso también fue asignado al fiscal Francisco Cabrera.
Ya el año pasado, también denunció faltante de dinero en caja por G. 2.068.950.021. La investigación está a cargo de la fiscala Laura Romero.
Por último, se denunció supuestas irregularidades en plena intervención a la Municipalidad lo que causó supuestamente un perjuicio que ascendió a G. 1.300 millones.
La semana pasada, sindicalistas y funcionarios exigieron celeridad en las causas frente a la Fiscalía.
