16 jul. 2025

Seguros vips para los funcionarios cuestan USD 600 millones al país

Eduardo Nakayama 1.jpg

Senador Eduardo Nakayama

Foto: Archivo ÚH

El senador Eduardo Nakayama informó que la contratación de seguros médicos privados, financiados por el Estado, para funcionarios públicos, cuestan unos USD 600 millones, al menos en lo que va de este gobierno.
El opositor había anunciado que presentaría un proyecto para eliminar el seguro médico vip, alegando que solamente beneficia a una casta de estatales privilegiados.

INSTITUCIONES QUE RECIBIRÁN MÁS RECURSOS, SEGÚN DICTAMEN DE BICAMERAL 1.png

El legislador analizó las cifras del Presupuesto General de la Nación y las contrataciones que realizan los entes públicos, subrayando que de aproximadamente 350.000 funcionarios públicos, solamente unos 50.000 tienen seguro privado, y por ellos el Estado paraguayo gasta casi USD 110 millones al año.

INSTITUCIONES QUE RECIBIRÁN MÁS RECURSOS, SEGÚN DICTAMEN DE BICAMERAL 2.png

“Solo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se pagaron USD 5,5 millones por el seguro médico privado de apenas unos 1.700 funcionarios”, expresó.

Dijo que pediría al propio presidente Santiago Peña y a los oficialistas que apoyen el proyecto de eliminación de los seguros médicos vips.

INSTITUCIONES QUE RECIBIRÁN MÁS RECURSOS, SEGÚN DICTAMEN DE BICAMERAL 3.png

En sus redes sociales, Nakayama dio a conocer su indignación sobre el malgasto que implica para el Estado paraguayo la inversión en este privilegio, que solamente beneficia a una parte del funcionariado público.

“En un periodo de gobierno, el Estado destina casi USD 600 millones en seguros médicos privados. Con ese dinero se podrían construir 17 hospitales del Sur, pagar todo el presupuesto de Emergencias Médicas (por cinco años) o duplicar la ruta PY01. El robo en Paraguay es pornográfico!”, publicó en su cuenta en X.

INCONSTITUCIONAL. El senador Eduardo Nakayama calificó de inconstitucionales a los seguros médicos privados, explicando que contravienen a la Carta Magna al ser manejados como privilegios y no como derecho fundamental para todos los funcionarios públicos.

Aclaró que no está en el proyecto la idea de cargar al Instituto de Previsión Social (IPS) con los funcionarios estatales, ya que es una propuesta muy compleja.

Explicó que la idea básica es que se elimine el privilegio que solamente tienen algunos funcionarios estatales, y que el grueso siga la modalidad de percibir un monto por salud y paguen si quieren a un privado, pero de su bolsillo.

Solo en el MEF, se pagaron USD 5,5 millones por el seguro médico privado de apenas unos 1.700 funcionarios. Eduardo Nakayama, senador.

Más contenido de esta sección
La Cámara Baja salvó momentáneamente a la Contraloría General de la República (CGR), de ser puenteada por una ley que plantea que sea el Tribunal de Cuentas el que tenga las prerrogativas que la Constitución establece de manera exclusiva al órgano de control.
La Cámara de Diputados se ratificó a favor de la iniciativa que busca regular las concertaciones políticas, instrumento electoral del que se valen los partidos de oposición para presentarse en bloque en las elecciones. La oposición denuncia intención de bloquear la participación y califica como medida antidemocrática.
El senador cartista Erico Galeano, en la mira por parte de la Justicia por presunto lavado de dinero y asociación criminal, con relación al caso del operativo A Ultranza, hizo referencia a la propuesta del Ejecutivo sobre reforma del transporte público.
La Comisión Conjunta de Investigación, que en su resumen apenas dedica media página a la causa por lavado de dinero en el caso del diputado Lalo Gomes, señala que la falta de documentos del Ministerio Público impidió profundizar la investigación y no establecen conclusiones.
Los precandidatos de la disidencia Arnoldo Wiens y Hugo Velázquez, que compiten para el 2028, decidieron juntarse para mostrar que hay unidad. No obstante, durante el almuerzo en Yaguarón no estuvo presente Mario Abdo.
Óscar Orué relata que Comisión Antilavado solicitó informes que no les pudo brindar la DNIT por procedimientos legales. Y entonces, esos datos sugirieron que esta dirección tuvo “desinterés” en el control de armatráfico es “impreciso” y el abordaje sería “malicioso”.