Bacigalupo se reafirmó en que este seguro se hace más que necesario, sobre todo ahora, en que la pandemia de Covid-19 trajo como principal consecuencia el aumento del desempleo a nivel país. “Creo que hay un consenso nacional, sobre todo en el sector de la mipymes, que es uno de los que más requiere ese seguro por la alta rotación de trabajadores que tiene. Igualmente hay acuerdo con el sector empresarial, que es el que hoy clama por la existencia de este seguro, así como con las centrales obreras que ven que es un remedio importantísimo para esta crisis”, detalló la titular del Trabajo.
Bacigalupo agregó que avizoran que la pandemia aún tendrá una alta incidencia en el plano laboral a largo plazo, por lo que esta medida de protección social será vital incluso después de que se supere esta situación.
La titular del Trabajo definió el seguro de desempleo como un sistema de cobertura social para las personas que queden sin un puesto laboral, que consistirá en una asignación que va desde el 65% del salario en forma decreciente durante seis meses. “Esa es la propuesta, pero la condición es que el trabajador efectivamente haya quedado sin empleo, corroborado por el Ministerio del Trabajo y que se encuentre en la búsqueda permanente, lo que deberá ser certificado por el Servicio Público de Empleo, para seguir accediendo al cobro del seguro”, explicó.
La titular del Trabajo aclaró que si se constata que la persona desempleada rechaza ofertas de trabajo que le serán ofrecidas a través del Servicio Público de Empleo, solo para seguir acogiéndose al cobro del seguro, eso le significará la cesantía automática del acceso al pago.
Aportes. “En todos los sistemas del mundo está previsto que tanto el trabajador como el empleador aporten para el seguro. En este caso, desde el Ministerio del Trabajo propusimos -como estamos en un momento difícil-, que durante el primer año no se abone ese aporte y que se haga una capitalización inicial con un fondo del Gobierno”, dijo.
Bacigalupo, en comunicación con Radio Monumental, precisó que Hacienda está buscando dichos fondos para la capitalización, que sería unos USD 65 millones para luego de un año establecer un sistema de aporte obrero patronal.