REUTERS y EFE
SÃO PAULO - BRASIL
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, un panel de expertos independientes, dijo ayer que pidió al Gobierno brasileño que permita al ex mandatario Lula da Silva, quien cumple condena en prisión, ejercer sus derechos políticos como candidato presidencial.
Lula es el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y lidera los sondeos antes de los comicios de octubre, pero se prevé que un tribunal electoral le impida postular. El ex mandatario fue encarcelado en abril por una condena por corrupción. El comité, que supervisa el cumplimiento de los países del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dijo a través de un comunicado enviado por correo electrónico que le solicitó al Gobierno de Brasil “no impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018 hasta que sus apelaciones ante tribunales finalicen en procedimientos judiciales justos”.
El comunicado agregó que el Gobierno brasileño debería garantizar que, mientras esté en prisión, Lula pueda disfrutar y ejercer sus derechos políticos como candidato en las elecciones presidenciales de 2018. “Esto incluye tener un acceso apropiado a los medios y a los miembros de su partido político”, dijo el comité.
Bajo la legislación brasileña, Lula tiene libre acceso a sus abogados y visitas semanales de sus familiares. El ex presidente tiene permitido comunicarse por escrito, pero los fiscales federales dicen que no puede hacer videos o grabaciones de audios.
El equipo legal de Lula dijo en un comunicado que su interpretación de la decisión del comité es que ninguna entidad gubernamental puede presentar obstáculos a la posibilidad de que el ex presidente se presente en las elecciones presidenciales. El principal tribunal electoral de Brasil declararía en las próximas semanas que Lula no puede competir en los comicios del 7 de octubre bajo la ley “Ficha Limpa” (Expediente Limpio), la cual prohíbe que políticos busquen cargos públicos si fueron condenados por un delito y la sentencia ha sido confirmada en una apelación, como es el caso de Lula.
Por su parte, el Gobierno afirmó que la Justicia del país actúa con celo, independencia y apegada a la Constitución, en respuesta al Comité la ONU, que pidió garantías para la candidatura presidencial Lula, en la cárcel por corrupción. En una nota oficial, la Cancillería informó que su delegación en Ginebra, donde está la sede de ese órgano de la ONU, tomó conocimiento, sin cualquier aviso o pedido de información previo, de la deliberación del Comité de relativa a las candidaturas para las elecciones de octubre.
