El fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, comentó ayer a ÚH que la nueva ley 5587, que modifica la Ley Nº 861/96 de Bancos, Financieras y Entidades de Créditos, sancionada por el Congreso Nacional, “es un blindaje para el crimen organizado”. Ahora todo depende del presidente Horacio Cartes para promulgar o vetar parcialmente el proyecto presentado por el mismo Gobierno, el que aduce que en el Congreso le cambiaron algunos puntos de su iniciativa. Según fuentes del Ejecutivo hasta el martes tienen tiempo para decidir.
Dos puntos. “Esta ley acarrea problemas en dos aspectos de las normas: por un lado, de persecución de lavado de dinero para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que es la institución que debe prevenir, y, por el otro, el Ministerio Público en los delitos de crimen organizado no va a poder investigar en razón de que existe este blindaje”, manifestó Espinoza.
Indicó que no se podrá investigar ni pedir informes de cuentas bancarias a las personas sospechadas. Es decir, en cuanto a los delitos de secuestro, narcotráfico, delitos económicos, trata de personas, tráfico de armas, extorsión, entre otros. Esto, debido a que el artículo 86 inciso b (iniciativa del Ejecutivo) refiere que el Ministerio Público solo podrá solicitar una autorización judicial si la persona forma parte en el proceso. En un proceso penal una persona es parte cuando está imputada, o sea, la Fiscalía no podrá requerir ningún documento o informe a la Superintendencia de Bancos de una persona que no se encuentra imputada.
“Si queremos pedirle un informe tenemos que imputarle necesariamente, es lo que la ley nos obliga y no es lo correcto, porque para la imputación debe haber una sospecha fundada”, resaltó.
Agregó que tampoco se podrán solicitar informes de familiares ni de personas cercanas a los sospechados de cometer delitos relacionados con el crimen organizado.
“Los crímenes organizados, así como lo dice su nombre, están organizados. Una persona que está operando al margen de la ley no va a tener un bien a su nombre y al solo efecto de tener testaferro eso le va a blindar”, expresó.
Por lo que claramente con esto, adujo, serían beneficiados, por ejemplo, el diputado suplente Carlos Rubén Chicharõ Sánchez Garcete y sus hermanos, Ardonio y Denilso Sánchez Garcete, procesados por lavado de dinero, presuntamente producto del narcotráfico, según la imputación de la Fiscalía.
Además señaló que, de promulgarse la ley, todas aquellas personas que fueron condenadas por un delito en donde el Ministerio Público mostró como pruebas informes bancarios podrían plantear una revisión. La nueva Ley de Bancos acarreará también un problema internacional, indicó Espinoza. “Se va a retroceder porque no se cumplirá con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Puede significar que los bancos retiren sucursales, inversiones. Puede afectar al desarrollo”, finalizó.