Sin embargo, el contralor general de la República, Camilo Benítez, respondió que el control se debe dar por los medios correspondientes y no plantear cuestiones que irían en contra de una legislatura vigente.
El grupo de ciudadanos, entre periodistas y representantes de oenegés, presentaron la nota al contralor por la cual le solicitan que pida al Poder Judicial una “autorización jurisdiccional”, para que se publique en la página web de la institución a su cargo las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, de todas las autoridades y funcionarios de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que estén directa o indirectamente involucrados en los procesos de contrataciones públicas que vayan a desarrollarse en el marco de la vigencia de la Ley de Emergencia, así como los proveedores del Estado que resulten adjudicados, con la excepción de ciertos datos.
Los firmantes de la nota son: El abogado Federico Legal; Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia; David Riveros, de la organización ReAcción; Esther Roa, de CACE y de la Coordinadora de abogados; Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental. También suscribieron los periodistas Mónica Bareiro, Gladys Benítez, Pablo Gastón Ortiz, Rocío Pereira y Claudia Merlos.
La contestación de la Contraloría expresa que, abordando específicamente el planteamiento solicitado, “cabe señalar que la condición impuesta por la legislación, de orden jurisdiccional previa, no posee un alcance tan amplio y se circunscribe a un ámbito de aplicación limitado”.
Explica que esto surge de la discusión instaurada en el pleno de ambas cámaras del Congreso y que el texto definitivo de la ley refleja la tesis prevaleciente en el seno del Poder Legislativo, por lo que el sentido de la expresión “orden jurisdiccional” debe ser entendido en el marco de algún proceso de investigación impulsado contra un funcionario público, por la presunta comisión de un hecho de enriquecimiento indebido o alguna otra conducta penalmente relevante.
CONTRAPROPUESTA. Sin embargo, el contralor plantea otro camino cuyo objetivo es el mismo, “pero, a nuestro criterio, no es insidioso: Solicitar a los propios declarantes, funcionarios de los OEE encargados de administrar los fondos de emergencia, así como a los propietarios, accionistas, directivos y gerentes de las empresas privadas que reciban dinero de esos fondos, que autoricen la difusión de sus declaraciones juradas en el portal electrónico de la institución”.
Esta autorización será incorporada al formulario de las declaraciones juradas, y con ella los declarantes, titulares de la información contenida en las mismas, podrán consentir libremente su difusión.
Esta posibilidad ofrece una alternativa ante el requisito impuesto por el marco legal de una autorización jurisdiccional para el acceso a las declaraciones juradas, tornando la situación valorativamente adecuada, máxime en una situación de emergencia.
Añadió que desde la Contraloría se comparten los mismos ideales y hasta los mismos objetivos. “Las motivaciones hasta puedan ser distintas, pero soñamos con un país mejor y siempre nos tendrán aliados en esa misión”, afirmó Benítez en su nota de respuesta.
Multimillonaria deuda. La Ley de Emergencia Sanitaria dispuso una línea de crédito de USD 1.600 millones con el fin de garantizar recursos al sistema de salud ante la situación del Covid-19.
También se estableció con este plan proteger a las empresas y empleos, debido al cierre de comercios o disminución de los clientes.