Esta vez, Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, es el protagonista. El actor secundario que repite papel en la nueva película es la petrolera nacional, ya que es protagonista en ambos casos. Denis Lichi, titular de la institución, zafó su destitución por el frustrado caso Texos. En cuanto al caso PDVSA, hay que ver cuánto sabía y cuál fue la posición de la destituida Patricia Samudio.
Una publicación del influyente diario norteamericano The Washington Post (el que tumbó al presidente Nixon por el caso Watergate) sacudió el primer lunes laboral del 2021. En una profusa investigación denunciaba una supuesta trama de corrupción del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en su operativo rescate de activos del país. En la disputa geopolítica contra Nicolás Maduro, Paraguay reconoce a Guaidó como presidente.
El caso impactó en Paraguay por la ventilación de un preacuerdo entre ambos presidentes para saldar la abultada deuda de Petropar con PDVSA. Vale aclarar que el conflicto por los intereses de la deuda está a las resultas de un juicio arbitral en París, paralizado hasta tanto se defina a cuál de los presidentes se debe pagar: Maduro o Guaidó.
En el contexto de relacionamiento Marito/Guaidó, el diario norteamericano señala que se negoció un acuerdo en el 2019 por el que Guaidó se comprometía a una quita del 50% de la deuda paraguaya, es decir, de 300 millones de dólares se reduciría a 150 millones. Pero un ítem despertó sospechas: un abogado argentino de nombre Sebastián Vidal cobraría una comisión de USD 26 millones, lo cual despertó sospechas en el equipo venezolano.
Aquí es donde empiezan las contradicciones. Villamayor dijo al Washington Post que la propuesta provino de Venezuela a través de Javier Troconis, designado oficialmente por Guaidó con el pomposo título de “comisionado presidencial para la Gestión y la Recuperación de los Activos”, según una carta enviada al Ejecutivo paraguayo. Y que Vidal fue presentado como abogado de PDVSA.
Villamayor, en un principio, se negó a mostrar el preacuerdo alegando una infantil excusa, pero tras la fuerte presión mostró el documento. Tuvo que admitir que la propuesta la hizo Paraguay. De quien ninguno se hace cargo es de Vidal, aunque Troconis, en una comparecencia ante una comisión investigadora de Asamblea Legislativa venezolana, aseguró que “al abogado Sebastián Vidal lo conocí allá en Paraguay. Primero lo conocí por teléfono. Fue la persona que estuvo haciendo los enlaces y nos conocimos en Paraguay, en la casa presidencial. Allí donde hubo la reunión era donde estaba el señor Sebastián Vidal. Era una persona bien relacionada con toda esa gente del Gobierno allí”. Para alimentar aún más las sospechas, Vidal aparece vinculado al tío empresario del presidente, Carlos Abdo, quien vive en la Argentina.
PELIGROSO SECRETISMO. Es escándalo, que se pretende desdramatizar porque “no se concretó el acuerdo por la falta de legitimación de Guaidó”, golpea nuevamente la baja credibilidad del presidente Mario Abdo, a quien paralizan las crisis.
Este nuevo escándalo confirma que el secretismo es el modus operandi de este Gobierno a la hora de comprometer el patrimonio nacional. Así fue con el acta secreta fallida de Itaipú que casi le costó el cargo y generó remociones en masa de los implicados; el sospechoso y frustrado acuerdo conciliatorio de carácter extrajudicial para la entrega de USD 7 millones a favor de la empresa argentina que tumbó al procurador Coscia en Navidad, y ahora, el escándalo Petropar/PDVSA.
Por ahora, inexplicablemente Lichi sigue salvando su cabeza, aunque estuvo comprometido con el caso Texos. Entretanto, Villamayor continúa defendiéndose con uñas y dientes con la intención de frenar al ala oficialista que exige su dimisión.
En tanto, Marito se hace el desentendido y evita hablar del tema. Espera, tontamente, que el problema desaparezca por arte de magia.
Con estos antecedentes de secretismo y fuerte sospecha de intentos de negociados más que acuerdos que beneficien al país, que no se concretaron gracias a las oportunas denuncias, ¿qué garantías tiene el pueblo paraguayo de que este Gobierno defienda con patriotismo, honestidad y transparencia la renegociación del Anexo C de Itaipú con el poderoso Brasil?
