La reciente detención de 19 policías que cobraban coimas por proteger a la estructura narco del ex líder del Primer Comando Capital (PCC) en Paraguay, Levi Adriani Felicio, capturado el 14 de octubre pasado en Asunción y posteriormente extraditado al Brasil, pone una vez más de resalto los niveles a los que llega la corrupción en filas de la Policía.
Mediante un operativo realizado en seis localidades del país por los fiscales de la Unidad Contra el Crimen Organizado y por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), se pudo capturar a 5 comisarios, 6 subcomisarios, 5 oficiales y 3 suboficiales que presuntamente brindaban protección a los narcos, mientras otros dos suboficiales siguen prófugos.
Entre los detenidos se encuentran altos jefes policiales, como los comisarios principales Germán Alberto Arévalos Villalba y César Salinas Saldívar; o los comisarios René Alberto Aquino Girett, Rutilio Ramón Benítez Ramírez y Víctor Franco Fariña, que tenían mandos en importantes reparticiones policiales como las comisarías y puestos de vigilancia en zonas claves de pasos fronterizos del Departamento de Amambay, en donde se concentran gran parte de las actividades del narcotráfico y del crimen organizado.
El hallazgo de una agenda que pertenecía al capturado jefe narco del PCC, Levi Adriani Felicio, revela en forma detallada los montos de dinero que se destinaban a miembros de importantes dependencias policiales, como Investigaciones, Narcóticos, Homicidios, Automotores, Delitos Económicos, Interpol, incluyendo a la propia Senad, con montos que llegaban hasta 5.000 dólares. Es decir, según este esquema, prácticamente todas las reparticiones de la Policía reciben dinero de los narcos.
El hecho de que quienes reciben salarios del Estado para “servir y proteger” a la población, pero que en realidad terminan sirviendo y protegiendo a los criminales a quienes deben combatir, es uno de los principales problemas que inciden en la inseguridad ciudadana.
Ante esta situación, es urgente seguir limpiando de corruptos las filas de la Policía, para superar la debilidad institucional. Más que acudir a proyectos de leyes que riñen con la Constitución, como el planteado recientemente por un legislador que pretende eliminar el Ministerio del Interior y otorgarle autonomía a una fuerza de seguridad que aún arrastra mucha deudas pendientes con la ciudadanía, se requiere mejorar la formación académica de los futuros agentes, modernizar los programas de capacitación con especial énfasis en el respeto a los derechos humanos, fortalecer dependencias de control como Asuntos Internos y la Justicia Policial, dotar de más recursos y cumplir los estándares internacionales.
Por sobre todo, hay que tener plena conciencia de que una institución policial manejada por el poder narco es un grave peligro para la democracia.
