El proyecto llevó meses de redacción, pero se tienen dudas de que las bancadas coloradas, que son determinantes, den su aprobación, atendiendo los intereses que tienen en el Estado, sobre todo a través de licitaciones.
El proyecto tiene como objetivo definir, prevenir y sancionar el conflicto de intereses, que se refiere a la confrontación entre el interés público y los intereses privados del funcionario, que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades. Igualmente, se busca erradicar la maniobra de la puerta giratoria, que ocurre cuando un alto cargo público va a una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública. “Los sujetos obligados deben presentar una declaración jurada de intereses, la cual tendrá carácter público y deberá reflejar información fidedigna a fin de que las entidades correspondientes y la ciudadanía puedan evaluar su contenido”, expresa parte del proyecto.
Recientemente, por ser poco claro e impreciso fue rechazado en Diputados un proyecto de conflicto de intereses proveniente del Senado.
El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño comentó que el texto no especificaba en qué condición existiría conflicto de intereses y podía quedar sujeto al subjetivismo de la autoridad que tiene a cargo la decisión.