“Se esperaría que autoridades tomen nota de sanciones”

Las sanciones anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Embajada en Asunción, al ex presidente Horacio Cartes y al vicepresidente en ejercicio, Hugo Velázquez, sin bien constituyen medidas unilaterales, “tienen indudables implicancias políticas para el país, y de orden judicial para los designados como significativamente corruptos”, dice Óscar Ayala Amarilla, defensor de los derechos humanos.

Sobre el primer punto dice que se esperaría que las autoridades tomen nota con responsabilidad de las sanciones y medidas anunciadas, sobre todo de parte de quien dirige el país, pero esto no sucedió.

Por el contrario, resalta que luego del anuncio el pasado 26 de enero de las sanciones financieras impuestas a Cartes y Velázquez, realizado por el embajador estadounidense en Asunción, el presidente Mario Abdo Benítez dejó a cargo del vicepresidente la administración y conducción institucional de nuestro país, para viajar al extranjero y asistir a un evento social.

Lo hizo pese a que Velázquez acababa de ser acusado por EEUU como una persona que tiene, “nada menos que vínculos con una organización terrorista”.

Esto de por sí es muy grave para la imagen institucional del Paraguay, opina.

“Lo propio hubiese sido que el Ejecutivo convoque inmediatamente a una cumbre de poderes para acordar y arbitrar disposiciones de derecho interno que movilicen los órganos competentes de la República, que permita ejercer soberanía judicial, en especial, en relación a los hechos punibles que se habrían cometido en nuestro país.

En su opinión, quienes más hablan de soberanía son los que más atentan contra ella. Con respecto al Ministerio Público, dijo que tiene una responsabilidad crítica sobre todo lo denunciado por EEUU, y ahora toca esperar que asuma el nuevo fiscal general electo, Emiliano Rolón, de quien se espera que intente revertir el despropósito en el cual se ha transformado buena parte de la Fiscalía.

Con relación a los congresistas que habrían recibido soborno por parte de Cartes, según denunció el embajador de EEUU, Marc Ostfield, Ayala Amarilla recuerda que tales legisladores “se encargaron de afirmar la perversa noción constitucional que equipara la inmunidad parlamentaria, sus fueros, con la impunidad”.

Los fueros, que solamente deberían protegerlos en relación a las opiniones que vierten en el ejercicio de su rol parlamentario, de un tiempo a esta parte, quedaron tan desvirtuados que su aplicación se ha transformado en una verdadera “barrera de impunidad que obstaculiza cualquier forma de investigación penal a diputados y senadores”.

Por eso, dice, este es un buen momento para hablar de este tema, rectificar y acotarlo a lo que debe ser, para superar uno de los tantos desatinos institucionales que ha contribuido a vaciar nuestra democracia en los últimos años.