Se trata de una estimación basada en datos recolectados por los propietarios de las variedades mejoradas, con el fin de medir el impacto de este flagelo. Para el efecto tomaron las campañas agrícolas desde 2010-2011 hasta 2019-2020. Durante este periodo, los obtentores vendieron semillas certificadas en promedio para poco más del 32% del área sembrada y, por tanto, dejaron de recibir el pago de regalías por el resto de los simientes.
En cuanto al perjuicio estatal, primeramente se encuentra el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), que en 10 años pudo tener ingresos por USD 5,2 millones por la emisión de etiquetas de semillas certificadas, mientras que en el proceso de venta ilegal se habría evadido el 5% de impuesto al valor agregado, que se traduce en USD 70 millones en una década.
La gerente de Parpov, Olinda Ocampos, explicó que para estos análisis se tuvieron en cuenta datos de gremios de producción, de exportación y del Senave, así como el tipo de cambio del dólar, ya que la comercialización se da en la moneda norteamericana y además depende de la cotización en la Bolsa de Chicago.
En promedio, los compradores de semillas ilegales se “ahorran” entre USD 10 y USD 20 por bolsa de semillas que no tienen garantía de calidad y sanidad.
El origen de la ilegalidad está en la multiplicación de semillas fuera de los registros de los obtentores y del Estado. Si bien los sojeros pueden producir sus propios simientes, solo pueden usarlos para sus campos y luego vender como granos, de acuerdo con la Ley de Semillas. Por otro lado, también hay empresas que se dedican al comercio ilegal.
Ocampos mencionó que la oferta de las semillas ilegales creció en redes sociales y a través de WhatsApp y si bien hay denuncias al respecto, no ven soluciones por parte del Senave. Para estudiar de manera más detallada el impacto de este comercio ilegal, los obtentores están analizando toda la cadena de venta de semillas.
SET desconoce esquema ilegal
Sobre el comercio ilegal de semillas, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, manifestó que no tiene conocimiento de este comportamiento en el campo, tampoco recibió alertas por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Senave, con respecto a la posible evasión de impuestos como consecuencia de ventas no registradas.
Por su parte, el Senave admite que existe un comercio ilegal y llama a la concienciación de agricultores.
