Prácticamente no existen dudas de que la licitación por 140.000 millones de guaraníes para brindar servicios de seguridad en el Instituto de Previsión Social (IPS) estaba condicionada para que la gane una sola empresa, ya que es la única que dispone de los requerimientos técnicos exigidos en el pliego de bases y condiciones, tal como lo han admitido los propios directivos de la previsional.
Se podrá insistir en que todo se ajustaba a la ley, pero ello no quita que sea una “maniobra legal”, ya que la empresa en cuestión, Security Service Tecnology SA (SST), es la misma que desde hace años, aunque antes haya tenido otros nombres, viene siendo favorecida por las licitaciones de seguridad en el IPS y señalada por varias irregularidades.
Cabe recordar que en setiembre de 2016 este diario ya había realizado publicaciones sosteniendo que “la firma SST, antes Doram, propiedad del ex diputado colorado José Chamorro, tiene un sinfín de denuncias por no pagar a sus empleados o intentar hacerles firmar cheques en blanco”.
El informe de ÚH en 2016 sostenía que desde el 2010 el Estado paraguayo había gastado unos 125 millones de dólares en pagar por seguridad a empresas privadas, y que casi la mitad de ese dinero, cerca de 60 millones de dólares, se lo llevaba la empresa SST, que había sido constantemente denunciada por incumplir normas laborales, según el Ministerio de Trabajo.
Es esta misma empresa la que recientemente volvió a ubicarse en el ojo de la tormenta, ante publicaciones que sostenían que el IPS iba a pagar un sobreprecio estimado en 42.000 millones de guaraníes por una nueva licitación de servicios de seguridad a SST, con un pliego direccionado a una empresa “que no cumple con el pago del aporte por sus empleados ante el ente”. El caso se volvió aún más grave cuando un periodista denunció que directivos de la empresa, a través de una productora televisiva y con intermediación del senador liberal Dionisio Amarilla, lo convocaron para ofrecerle un soborno a cambio de que detenga las publicaciones sobre SST, aportando grabaciones en audio e imágenes de la reunión mantenida y de la presunta entrega del dinero.
Como resultado del escándalo mediático, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó suspender la licitación para brindar seguridad al IPS, debido a que existe un solo oferente y que se proceda a un nuevo llamado a licitación.
Paralelamente, el Comité Político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) recomendó a sus senadores pedir la pérdida de investidura del senador Dionisio Amarilla, así como la expulsión del parlamentario de la agrupación política. También la organización civil Comisión Escrache Ciudadano presentó un pedido de pérdida de investidura de Amarilla ante el Senado.
Lo ocurrido no debe quedar solo en el ámbito del impacto mediático, ni en el simple acto de suspender la licitación para iniciarla de nuevo, como si nada grave hubiera sucedido.
El caso denunciado debe ser investigado a fondo en todas sus aristas por la Fiscalía y, en el caso de comprobarse que efectivamente hubo irregularidades o se cometieron actos delictivos, individualizar y sancionar debidamente a los responsables, incluidos los del IPS. La ciudadanía está harta de la corrupción y ya no se debe permitir que ningún acto que pueda ser comprobado quede en la impunidad.