Los tratados de las grandes obras hidroeléctricas binacionales, Itaipú y Yacyretá, no contemplan específicamente que se realicen inversiones en política social en los países de los que forman parte, únicamente mencionan un plan para atender a los afectados por las inundaciones que ocasionaron las construcciones de las represas. Sin embargo, desde hace tiempo, principalmente en el Paraguay, se estila destinar una gran parte del dinero obtenido por la venta de la energía eléctrica en gastos sociales, como la construcción de escuelas y colegios, rutas y viaductos, hospitales y centros de salud, mercados y parques, teatros y centros culturales.
Está bien que parte del dinero de las binacionales llegue a la gente. El problema es la forma en que este dinero fue gastado históricamente por sucesivos gobiernos, en muchos casos obedeciendo a un plan principalmente político-electoral, sin transparencia y sin mecanismos de control, buscando favorecer a determinados líderes o caudillos, a movimientos o partidos en función de gobierno. En más de una oportunidad, además, se ha denunciado que a través de estas presuntas inversiones sociales se han cometido graves delitos de corrupción, que no han sido debidamente investigados por la Justicia.
Han sido numerosas las denuncias sobre campañas políticas financiadas con dinero de Itaipú y Yacyretá, gastos desproporcionados en publicidad, así como el uso de las binacionales como botín político para repartir cargos con altos salarios a amigos, parientes y correligionarios, en muchos casos como pago de favores y promesas hechas durante las elecciones. En estas últimas semanas, justamente, el actual presidente Mario Abdo Benítez viene siendo cuestionado por haber nombrado a varios políticos con antecedentes de corrupción en altos cargos en ambas binacionales.
Aunque las hidroeléctricas catalogan a estos gastos bajo el concepto de responsabilidad social empresarial, por su especial carácter de obras binacionales, no cumplen con los requisitos exigidos por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas a la hora de hacer sus licitaciones y tampoco se someten a las auditorías de la Contraloría General de la República. Al no existir una instancia de fiscalización externa, persiste la duda acerca de la transparencia de las gestiones.
Necesariamente, el presupuesto para estas inversiones debe ser incluido en el precio de la venta de energía eléctrica como gastos de operación, con lo cual se recarga el costo del producto y se priva a la ciudadanía de poder acceder a una tarifa más barata. Es por ello que muchos especialistas del sector energético insisten en que Itaipú y Yacyretá no deberían suplir funciones de ministerios y otros organismos gubernamentales y deberían dedicarse fundamentalmente a la generación y producción de energía.
Hay que evitar el uso populista del dinero de las binacionales para favorecer electoralmente a un partido o sector.
