En el Día Mundial del Medio Ambiente, que se recordó ayer, directivos del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) presentaron ante la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, una denuncia sobre deforestación ilegal de unas 4.000 ha. de bosques en el Chaco, la primera que es sustentada en comprobaciones realizadas con base en datos de Catastro e imágenes captadas por satélites, mostrando el grave daño ecológico que se ocasiona a los recursos naturales del país.
La denuncia es solamente una parte de la magnitud del problema. En otro informe publicado ayer por este diario, se revela que los datos del propio Instituto Forestal Nacional (Infona) revelan que tan solo en lo que va del año 2019 ya se habrían desmontado ilegalmente unas 23.000 hectáreas en todo el país. Es decir, el propio organismo estatal encargado de controlar el área forestal asume la gran dimensión del crimen ecológico que se comete, pero desde el Estado y particularmente desde el sistema de Justicia se está haciendo muy poco o casi nada por detener la acelerada deforestación.
En años anteriores se podía alegar que no existían recursos suficientes para enviar patrullas de guardabosques a zonas aisladas del país para ejercer un control más estricto de las áreas deforestadas. En la actualidad, sin embargo, tal como lo vienen demostrando organizaciones no gubernamentales que realizan un monitoreo permanente del problema, como Guyra Paraguay o IDEA, la tecnología disponible permite comparar datos a través de imágenes satelitales de distintas épocas, cruzándolas con datos de catastro, para establecer con precisión las superficies que han sido desmontadas ilegalmente, sin necesidad de que los funcionarios se muevan siquiera de sus escritorios.
Lo llamativo es que organizaciones de sectores privados realizan este control con uso de la tecnología, pero el Estado aún no lo puede hacer. Ni siquiera se puede argumentar que es por falta de presupuesto, ya que existen sistemas informáticos de uso libre y gratuito para acceder a las imágenes satelitales, por lo que solo se puede concluir que es por falta de voluntad política para detener la acelerada destrucción de los últimos bosques que aún quedan en el país.
Las autoridades del Infona sostienen que actualmente hay 108 sumarios abiertos por presuntos delitos ambientales, de lo cuales entre un 60 y 70 por ciento son por desmonte ilegal, mientras los demás son por transporte, exportación y procesamiento ilegal de madera. Aunque en la Región Oriental rige una ley de deforestación cero, la misma no es respetada. En el Chaco se sigue usando el truco del supuesto cambio del tipo de suelo para arrasar con vastas superficies boscosas, generando diversos efectos, como las alteraciones climáticas, la disminución de la calidad de vida en las poblaciones, la extinción cada vez mayor de valiosas especies de animales silvestres por la eliminación de sus hábitat y los diversos daños causados por tormentas e inundaciones.
Es cada vez más urgente que las autoridades reaccionen ante esta problemática, para no dejar un país con un medioambiente arrasado a las próximas generaciones.
