Según el Código Electoral, los partidos políticos son “los instrumentos a través de los cuales se orienta y se integra la voluntad política de la Nación...”. Tienen derecho a un subsidio electoral, y de acuerdo con el mismo código, el Presupuesto General contemplará anualmente una partida global a nombre del Tribunal Superior de Justicia Electoral para ser distribuida en concepto de aporte del Estado entre los distintos partidos políticos reconocidos e inscriptos. El monto de este aporte es del 15% del jornal mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto obtenido en las últimas elecciones para el Congreso.
El dilema se presenta cada año cuando se discute el PGN, y se estudia el detalle de los montos asignados frente a nuestras preocupantes realidades. ¿Por qué el pueblo paraguayo, que con esfuerzo sostiene la estructura del Estado, debe pagar a la actual clase política si en realidad no lo representa? Ciertamente son parte importante del sistema democrático, y con el dinero público se busca evitar el ingreso del dinero sucio en la política o que accedan al poder solo los que tienen mucho dinero y terminemos viviendo una plutocracia. Como sabemos, ese objetivo ha fracasado estrepitosamente en el Paraguay.
Bien sabemos que la ley que regula el financiamiento político no incluye el control de los recursos utilizados en las internas de los partidos y eso fue decidido por un Poder Legislativo integrado por esa misma clase política; la misma clase política que le asigna en el PGN 2023 un monto de G. 58.104 millones (USD 8,2 millones) para aportes y subsidios a las diferentes agrupaciones que el próximo año pugnarán por la presidencia, los cargos legislativos y departamentales.
Los partidos políticos —según dicta el Código Electoral— también deben destinar al menos el 30% de los fondos públicos recibidos a la formación de cuadros, pero se sabe también que los partidos no invierten sus recursos en la educación cívica ni en la promoción y formación de nuevos líderes. Sin embargo, recibirán en el 2023 más recursos de los que se destinarán en el mismo periodo para el costeo de becas y libros para niños y jóvenes.
Según el plan de gastos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), las agrupaciones políticas que pugnarán en las elecciones generales del próximo año recibirán G. 58.104 millones (USD 8,2 millones) en aportes y subsidios. Al confrontarlo, vemos que el Estado destinará 26.062 millones (USD 3,7 millones) para la concesión de 5.004 becas escolares; y además, con esos mismos fondos se deben financiar la elaboración y repartición de 2,5 millones de libros y guías didácticas para niños, jóvenes y docentes.
Si se analiza el plan de gastos del Ministerio de Desarrollo Social para 2023, queda expuesto que solo se asignan G. 9.044 millones (USD 1,3 millones) a los comedores comunitarios, espacios que se encargan de proveer diariamente alimentación a personas en situación de pobreza e indígenas.
No cabe dudas de que la ciudadanía necesita mejor representación, y que se debe invertir en la formación de la nueva dirigencia del país, pero eso nunca puede estar por encima del acceso a la educación de niños y jóvenes o al bienestar de los más pobres y relegados de nuestra sociedad como son los pobres extremos. Es inaceptable que los que menos tienen deban sostener la estructura clientelista de partidos que con sus prácticas no favorecen el ejercicio de derechos cívicos, siguen aplicando el arreo de electores, mantienen operadores políticos y no promueven el voto libre e informado.
Si no construyen una democracia que implique bienestar para la mayoría, por qué deberían recibir más dinero que los comedores para pobres y becas para los jóvenes.
