La Asamblea Nacional (Legislativo), controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), aprobó “por unanimidad” la iniciativa presentada el martes por el mandatario, anunció el jefe parlamentario Gustavo Porras ante el plenario.
La polémica reforma amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, y confirma el poder que ya tiene Murillo al igualarlo al de Ortega, pues eleva su rango de vicepresidenta a copresidenta.
El texto concede un poder total al Ejecutivo pues establece que los copresidentes coordinarán “a los órganos Legislativo, Judicial, Electoral, de Control y Fiscalización, Regionales y Municipales”, que antes la Constitución reconocía como independientes.
Ortega, ex guerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007. Desde entonces, señalan sus críticos, ha instaurado una “dictadura” y el “nepotismo” junto a su esposa, seis años menor.
“La reforma formaliza la decisión de garantizar la sucesión presidencial de Murillo y su hijo Laureano Ortega”, dijo Manuel Orozco, analista nicaragüense de Diálogo Interamericano, al señalar que los copresidentes podrán nombrar a alguno de sus hijos como vicepresidente, antes un cargo de elección popular.
Ambos radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la ONU, consideradas por el Gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
La iniciativa, que será ratificada en una segunda legislatura en enero –dijo Porras– por tratarse de la Constitución, desató una ola de rechazos de los nicaragüenses en el exilio y organismos internacionales, a la que se sumó Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA). En la reforma, Nicaragua es definida como un Estado “revolucionario y socialista”, e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, ex guerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979. Para Azahálea Solís, experta en derecho constitucional, eso deja por fuera proyectos políticos de otras ideologías, en tanto que Salvador Marenco, abogado de derechos humanos exiliado en Costa Rica, aseguró que, además del fin de la separación de poderes, acaba el pluralismo político. AFP
