Tuvieron que pasar casi tres meses para que la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC) del Ministerio de Salud Pública (MSP) remitiera las informaciones requeridas por la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), en el marco del sumario abierto contra tres empresas del clan Ferreira. Dicha entidad reguladora solicitó a la cartera sanitaria de Estado las ofertas presentadas por Imedic SA, Eurotec SA y Medical Pharma SA en al menos tres llamados a licitación pública en los que resultaron adjudicadas para proveer distintos ítems.
Emiliano R. Fernández, director de la DOC, indicó ayer a esta Redacción que ya firmó la orden para la remisión de las ofertas solicitadas: Algunas datan del 2018 y la más sonada es la suscripta, en abril último, para la compra de insumos hospitalarios en el marco de la pandemia del Covid-19.
Este pedido había sido efectuado por la Conacom el 13 de mayo pasado. Debido a la reestructuración de la parte administrativa en Salud, tras el revuelo por irregularidades en las licitaciones y que devino en la renuncia del anterior director de Contrataciones del MSP, ese pedido entró –al parecer– en compás de espera. Pero, en la víspera, el nuevo responsable de la DOC informó que ya firmó la orden para que se remitan esos documentos.
“Son expedientes del 2018 y la CVE (Contratación por Vía de la Excepción) 36. Son documentos archivados, hay sobrecarga enorme de trabajo. Pero se está procesando. Ese es el único motivo”, explicó el economista a esta hoja.
La CVE 36 es la que Salud firmó con las empresas Imedic SA y Eurotec SA y de la cual se pagó un millonario anticipo de dinero.
Fernández reconoció que “efectivamente hay un retraso” en el envío de esas documentaciones; en virtud de que “son datos a procesar, no solo carpetas”.
Esos papeles permitirán a la Dirección de Investigación de la Conacom “cerrar el círculo” de los indicios colectados en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “En las ofertas se notan desde el diseño del pliego, la terminología, números que se usaron, cómo fueron las ofertas. Todo nos va a ayudar a generar mayor convicción a la hora de formular una acusación”, expuso Gustavo Benítez, director de Investigación de ese ente regulador.
INCOMPLETO
Benítez apuntó que requirieron, además, a la Dirección General de Registros Públicos (DGRP) una copia autenticada de la escritura de constitución de las sociedades y de cualquier otra documentación referida a la composición y organización de dichas empresas. A su vez, pidieron todas las modificaciones posteriores que obren en esa dependencia del Poder Judicial.
La directora de DGRP, Lourdes González, se excusó en señalar que existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la 1129/16, que “reglamenta la expedición de informes de dominio y copias de asientos registrales”. Pese a eso, dijo, remitieron tres folios con los datos de constitución de cada una de las empresas investigadas.
“Si bien es cierto que nos enviaron una serie de informes, no es lo que pedimos. Es un informe sobre una de las modificaciones y demás, pero no tenemos el expediente a la vista (...). O sea, nosotros queremos ver los documentos: Cómo realmente se hicieron las escrituras, cómo y en qué se dan las modificaciones, a qué hora y quiénes forman parte. Eso forma parte del análisis que tenemos que hacer en nuestra investigación”, detalló el abogado.
Lo que precisan verificar –resaltó– son todos los actos, asambleas y modificaciones que hubo en el directorio de las firmas señaladas.
Esos expedientes son claves, incluso, para determinar si se transgredieron otras normas. “Ahí vamos a ver otras cuestiones, entre la administración (convocante) y las oferentes. No sé a qué tantos documentos accede la administración para verificar esto; pero hay una declaración jurada y su quebrantamiento debería ser remitido al Ministerio Público”, advirtió.
Hay acuerdo para cobro de la póliza del anticipo
El Ministerio de Salud Pública (MSP) recibirá este mes el desembolso de poco más de USD 3,7 millones en concepto de la póliza de seguro del anticipo a Imedic SA y Eurotec SA, en el marco de la malograda compra de insumos médicos de China.
La empresa Patria SA de Seguros y Reaseguros confirmó su acuerdo para hacer efectiva la reposición del dinero anticipado a las firmas del clan Ferreira.
El desembolso deberá efectuarse en un plazo de 15 días hábiles, corridos desde la aceptación del monto de la póliza que asciende a G. 25.566.150.000 (USD 3.732.284, al cambio actual), entre las dos empresas en cuestión.
Mediante una nota dirigida al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, fechada el 30 de julio, la firma aseguradora “reconoce y acepta la existencia del siniestro”.
Por lo que en la cartera sanitaria de Estado solo aguardan que dicho desembolso se concrete antes del 20 de agosto próximo, según compartió el abogado Carlos Espínola, director de la Dirección de Normas y Verificación Contractual del MSP.
El anticipo concedido por el MSP a ambas firmas fue de unos G. 17.044.000.000 (USD 2.488.175, al cambio actual). Pero, con las pólizas de fiel cumplimiento del contrato ese monto supera G. 25.500 millones.
A Imedic SA le corresponde devolver G. 14.385.750.000. Por la garantía de adjudicación G. 4.795.250.000 y el anticipo financiero G. 9.590.500.000.
A Eurotec SA le toca reponer en total G. 11.180.400.000. Por fiel cumplimiento del contrato G. 3.726.800.000 y por el anticipo G. 7.453.600.000, de acuerdo puede verse en la señalada nota.
Espínola suscribió que los montos estipulados en la nota de aceptación de la aseguradora corresponden a lo que desde Salud Pública, entienden también que debe desembolsarse.
Aseguró que, de este modo, queda confirmado que el mentado anticipo de dinero se recuperará este mes, incluso, antes del 20 de agosto próximo.
Casi toda la carga de los insumos médicos y equipos hospitalarios, traídos de China por las firmas del clan Ferreira, fueron rechazadas por el Ministerio de Salud debido a una serie de inconsistencias tanto en las especificaciones técnicas como en las marcas requeridas en el contrato. Esta fallida adquisición, registrada en la segunda quincena de abril, obligó a extender por dos semanas más la cuarentena total.
