EFE
La mandataria suspendida publicó en su perfil en Facebook unos vídeos de la intervención que esta madrugada hizo ante el Senado el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien asumió su defensa durante el proceso.
Cardozo “destacó que se está cometiendo una injusticia histórica, en la que procedimientos como el derecho a la defensa, son usados para ofrecer legitimidad a un proceso que rasga la Constitución”.
Según Rousseff, Cardozo “recordó que se usan pretextos jurídicos para sacar del poder a una presidenta legítimamente elegida, en una injusticia histórica”.
En esa misma línea se pronunció el hasta hoy gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que en un comunicado pidió a su militancia movilizarse y “resistir” al “ilegítimo” Gobierno de Michel Temer, hasta ahora vicepresidente y quien reemplazará a Rousseff al menos durante los próximos 180 días.
Sin embargo, este miércoles, mientras se desarrollaba la sesión del Senado que concluyó con la suspensión de Rousseff, unos pocos y minúsculos grupos se manifestaron en contra de una decisión que era esperada en todos los círculos políticos y hoy, una vez concluida la votación, casi no hubo reacciones.
En las próximas horas, Rousseff será notificada oficialmente de la decisión del Senado y con eso estará en pleno vigor su suspensión del cargo, que solo recuperaría si fuera absuelta en el juicio que se iniciará en la Cámara Alta y puede durar hasta seis meses.
Si finalmente fuera destituida, Temer completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
El hasta ahora vicepresidente asumirá el lugar de Rousseff hoy mismo, sin ceremonias, debido a la condición de interino que ostentará mientras no se defina el futuro de la mandataria.
La decisión del Senado se fundamentó en unas maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015, que le permitieron presuntamente “maquillar” sus resultados y presentar números mejores que los que habría mostrado la realidad.
Según el Gobierno, esas maniobras no pasaron de meras “faltas” administrativas habituales en la administración pública brasileña y no podrían constituir razones para la destitución de un mandatario, por lo que el proceso no es más que “un golpe de Estado”, como ha defendido Rousseff en numerosas ocasiones.
