Luis Alberto Rojas, ministro de la Senad, indicó que en muchas ocasiones, para realizar tareas de inteligencia, no se pueden utilizar el mismo vehículo siempre; entonces, como tienen estos rodados como depositarios judiciales, los utilizan en los procedimientos. Estos vehículos necesitan combustible, pero como no están asignados para la BR card, se utilizan las individuales y es en esos casos que se repiten en el extracto el kilometraje o en otros casos no figura, explicó Rojas.
“Esto se puede verificar y está todo respaldado por órdenes de procedimientos”, aseveró el ministro.
Según el extracto de las tarjetas de combustible, desde el 1 de abril hasta el 13 de mayo, en varios casos las operaciones resultan llamativas, ya que no se marcan los kilometrajes, que, según Luis Ortega, director de Barcos y Rodados, es una obligación.
MUERTE AL FATO. El ministro de la Senad indicó además que luego del cambio de vales de combustible a tarjetas flota se mató el gran fato de la institución.
Comentó incluso que en anteriores administraciones se utilizaba el 100% del presupuesto para combustible, pero que desde el 2014, cuando empezó a implementar la carga de combustible con tarjetas, solo se ejecutó el 61% de lo presupuestado.
El monto para combustible de la Senad en el 2014 fue de G. 3.890.206.386, de los cuales se ejecutaron G. 2.313.407.647, ahorrando, según Rojas, G. 1.576.798.739.
La viceministra de la Senad, Nancy Delvalle, comentó que en el caso de las cargas de combustible a rodados que se encuentran en desuso y averiados, parados en el predio de la Base de Operaciones, son rastreables.
Explicó Delvalle que en el momento de expedición de las tarjetas los móviles estaban en condiciones de uso, pero que luego sufrieron daños, y se utilizaron otros móviles.
“Este sistema permite de alguna manera hacer algunos fatitos de moneditas; pero insisto, el gran fato se terminó. Y estamos hablando de G. 1.576.798.739 que no se robó, y que esto era bono, y el bono es dinero”, comentó Luis Rojas.
En el caso donde hubo procedimientos supuestamente irregulares y detectados, los responsables ya fueron apartados de sus respectivos cargos y están bajo sumario. Se trata del agente especial Carlos Escurra y el ex jefe de Servicios Generales, Ángel María Bareiro.
