El plazo que tiene la Fiscalía para presentar los actos conclusivos de la investigación al diputado cartista Tomás Éver Rivas vence el 23 de noviembre, tiempo en que se podría formular la acusación, sobreseer o darle una salida alternativa.
El fiscal Luis Piñánez, encargado del caso, explicó que el proceso se demoró porque el legislador retrasó el levantamiento de sus fueros.
Una vez que se eliminó ese obstáculo procesal, el Ministerio Público imputó al diputado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
En tanto que el proceso de los tres caseros corrió en tiempos distintos. Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González fueron acusados y en una audiencia preliminar, se elevó la causa a juicio oral y público, que será los primeros días de febrero del próximo año.
Piñánez indicó que en esta etapa preparatoria está recopilando los elementos para tomar una posición.
El caso Rivas es igual al del ex diputado José María Ibáñez, el de los caseros de oro quien debió renunciar a su banca por presión ciudadana. Había hecho figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados a tres empleados de su quinta de Areguá que nunca fueron al recinto legislativo, pero sí percibían un salario.
El parlamentario de Paraguarí, en tanto, logró también que sus tres empleados cobraran salarios como funcionarios de la Cámara Baja, uno como secretario privado y los otros dos como choferes. No obstante, la investigación del Ministerio Público reveló que nunca acudieron a la sede parlamentaria en los horarios en que debían estar, mediante el peritaje a los celulares, entre otras pesquisas.
En esos horarios, realizaban tareas particulares, como lavar autos de Rivas dentro de sus propiedades, como Última Hora pudo constatar mediante fotografías.
El diputado asegura que se trata de una persecución política, sin embargo, recurrió a todos las formas para retrasar su desafuero.
El pasado miércoles, Rivas, junto con el colorado abdista Ulises Quintana y el liberal efrainista Carlos Portillo, fue salvado de perder su investidura.
Varios locales comerciales cerraron sus puertas a los tres diputados, en repudio a la impunidad.
Casi el total de los diputados colorados, a excepción de Ramón Romero Roa, emitieron sus votos como salvataje a sus colegas, junto con cinco liberales, a un año de la presentación del proyecto de pérdida de investidura para los tres. Los pedidos fueron tratados sorpresivamente y enviados al archivo.
