La causa penal a Rivas se inició en mayo de 2018, cuando el fiscal anticorrupción Luis Piñánez lo imputó por presuntamente haber hecho figurar como funcionarios a su cargo en la Cámara Baja a tres personas que, en realidad, trabajaban exclusivamente en propiedades privadas de la familia del parlamentario.
Se trata de un empleado de su quinta en el Departamento de Paraguarí (Lucio Romero), un empleado de un comercio familiar en Ybycuí (Nery Franco) y el casero de su residencia en Lambaré (Reinaldo Chaparro). Todos ellos también fueron imputados por el Ministerio Público.
La investigación fiscal se abrió a raíz de publicaciones periodísticas de ÚH que corroboró que los supuestos funcionarios de Rivas en el Congreso no prestaban servicio alguno a la institución.
En noviembre el Ministerio Público acusó a Rivas por los delitos de estafa y cobro indebido de honorarios y solicitó un juicio oral.
INVESTIGACIÓN. La acusación de la Fiscalía se sustenta principalmente en el informe técnico de registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes de las líneas de telefonía celular que los tres supuestos funcionarios declararon como suyas en sus legajos de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.
El informe señala que ninguno de ellos estuvo siquiera cerca del Parlamento en los días en los que Rivas participó de sesiones extraordinarias y ordinarias en la Cámara entre julio de 2016 y marzo de 2017.
No obstante, durante este mismo periodo de tiempo los tres supuestos funcionarios firmaron planillas de registro de entrada y salida de la Cámara Baja. Todas las planillas eran refrendadas con la firma del propio Rivas, porque Chaparro, Romero y Franco eran funcionarios contratados en su oficina.
La Fiscalía también cuenta con una pericia que advierte que las planillas fueron firmadas de una sola vez y no diariamente a lo largo del mes, así como un informe bancario que indica que las extracciones de dinero realizadas por los funcionarios en los días laborales se hicieron en la zona de Paraguarí, coincidente con la ubicación de sus celulares.
Por su parte, el legislador sostiene que es inocente y que, a pesar de lo que digan sus detractores, este no es un caso idéntico al ex diputado José María Ibáñez, quien renunció luego de ser procesado por hacer figurar como funcionarios del Congreso a tres empleados particulares de su quinta en Areguá.
El diputado procesado por hacer figurar a sus caseros como funcionarios de la Cámara Baja debe presentarse hoy a su audiencia preliminar. Magistrado debe resolver pedido de juicio hecho por fiscal.
Un Tribunal juzgará a los tres caseros
Los otros tres procesados en la causa del diputado enfrentarán un juicio oral el 1, 4 y 7 de febrero del año que viene. El Tribunal de Sentencia que los juzgará está conformado por los magistrados Carlos Hermosilla, Fabián Escobar y Wilfrido Peralta.
La causa no está en la misma instancia procesal con el diputado Rivas, a pesar de que todos fueron imputados al mismo tiempo, debido a que el legislador recién fue desaforado y se sometió al proceso en mayo de 2019, casi un año después de su imputación.
En octubre pasado, la Cámara Baja rechazó y archivó un pedido de pérdida de investidura en contra de Rivas y sus colegas Carlos Portillo y Ulises Quintana.