EFE
De acuerdo con la nueva normativa, las compañías que operen a través de esas aplicaciones móviles deberán destinar un porcentaje de sus ingresos al Ayuntamiento de Río, que espera recaudar cerca de 20 millones de reales (unos USD 6 millones) por año.
El municipio reinvertirá parte de lo recaudado en el desarrollo y la mejora de la aplicación “Taxi.Rio”, que conecta a clientes y taxistas de la ciudad más emblemática de Brasil.
Además de esa medida, las empresas tendrán que entregar a la Alcaldía carioca un registro con los nombres de los conductores y el modelo de los vehículos usados para la actividad, según publicó en el Diario Oficial.
Igualmente se exigirá a los conductores no tener antecedentes penales y realizar un curso específico por una institución homologada por la Secretaría Municipal de Transportes de Río.
Uber señaló en un comunicado que el decreto estipula “reglas claras” para el transporte individual privado en la ciudad y “repudia limitaciones artificiales, como el uso de placas específicas para este tipo de servicio”.
No obstante, se mostró preocupada con el hecho de que en esa nueva normativa hay todavía puntos por definir y subrayó que es “fundamental que los detalles futuros no abran espacio para la introducción de burocracias que perjudiquen la actividad de los conductores asociados”.
PLAZO
Las empresas tienen un plazo de seis meses para adaptarse a las nuevas exigencias, que se enmarcan dentro de una ley federal sancionada en marzo pasado por el presidente brasileño, Michel Temer, que reglamenta este tipo de servicios de transporte vía celular.
Ese texto fue aprobado un mes antes por el Congreso después de cerca de dos años de discusiones en medio de las protestas tanto de los conductores de esas aplicaciones como de los propios taxistas.
La ley determinó entonces que las Alcaldías tienen “competencia exclusiva” para reglamentar y fiscalizar los servicios de transporte solicitados a través de la telefonía móvil, dentro de la normativa recogida en el Código Nacional de Tráfico.
La ciudad de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, también comenzó a aplicar su propia reglamentación a finales de enero pasado con condiciones semejantes a las publicadas por Río.
