28 abr. 2026

Riera defiende su proyecto, pese a cuestionamientos

El propósito de criminalizar los cierres de rutas, propuesta que lleva adelante el senador Enrique Riera junto a otros senadores, tuvo entrada oficial ayer en plenaria de la Cámara Alta y a la espera de que sea tratada en comisiones. El polémico proyecto plantea establecer penas carcelarias a los responsables de cortar las rutas. El principal cuestionamiento es que la Constitución Nacional establece el derecho a manifestarse y que el documento violaría dicha garantía. Varias organizaciones reparan sobre el proyecto.

El senador Enrique Riera habló de su planteamiento y dijo que solamente están reglamentando un artículo constitucional, defendiendo de que el derecho de uno “termina donde empieza el del otro”.

“Lo que hicimos los nueve proyectistas es bajar al debate la norma constitucional que garantiza la libre circulación de todos los paraguayos en cualquier hora y lugar”, señaló.

Riera dijo que ya con la ley del marchódromo que data de hace 25 años se establece que no se pueden obstaculizar el tránsito “en puentes, rutas y transporte público”.

Señaló que policías y fiscales se excusan en no tener instrumentos para despejar. Consideró que las rutas “son las venas del país” y mantenerle cerradas van en contra del desarrollo.

Cabe resaltar que la propuesta fue anunciada con el apoyo de nueve legisladores de distintas bancadas ya el lunes pero recién ayer tuvo entrada formal en la Cámara.

Al respecto, el propio proyectista dijo que primero debe bajar al debate de comisiones y que no tiene apuro que llegue a plenaria.

La misma opinión tiene el presidente del Senado, Óscar Cachito Salomón, quien dijo que el documento debe pasar por un amplio debate.

Crítica. Además de que desde el Frente Guasu calificaron de “terrorista” la propuesta de su colega, también se sumó a la crítica el senador Salyn Buzarquis quien dijo que no se puede transgredir la norma constitucional que garantiza la manifestación y expresión.

Señaló que con el criterio de criminalizar, entonces se puede entrar en el peligroso terreno de criminalizar legítimos derechos como “salud pública, a la educación. O algunos derechos para algunos es más importante que el resto”, señaló.

Agregó que a su parecer “un grupo económico poderoso quiere acomodar leyes que respondan a sus intereses”. En un palabra, calificó de “descabellado” el propósito.


Lo que hicimos los nueve proyectistas es bajar al Código Penal la norma constitucional que garantiza la libre circulación.
Enrique Riera,
senador de la ANR.