Opinión

Retroceso

Raúl Ramírez Bogado Por Raúl Ramírez Bogado

Las leyes nos definen. Dicen quiénes somos, qué queremos, hacia dónde apuntamos como sociedad, como país. De ahí su importancia fundamental en la vida democrática de nuestra nación.

Nuestra Ley Suprema dice que somos libres e independientes, que nos constituimos en un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado.

También que adoptamos para nuestro gobierno la democracia representativa, participativa, pluralista, que se funda en el reconocimiento de la dignidad humana. Además, que la soberanía reside en el pueblo y que lo ejerce a través del sufragio. Que tenemos tres poderes y que ninguno de ellos se atribuirá todo el poder.

Fundamentalmente que rechazamos la dictadura, que protegemos la vida, que rechazamos la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Nuestra ley madre asegura y defiende la libertad de las personas, proscribe la esclavitud. Dice que no queremos que cualquier persona sea privada de su libertad en forma arbitraria, al punto de determinar la forma y el tiempo máximo de cumplirla.

Esta misma Ley habla de los derechos procesales, de la presunción de inocencia, entre otras cosas. Es lo que ven desde afuera. Que nuestra Carta Magna es una de las más garantistas de la región que respeta a rajatablas los derechos humanos.

Por eso es que hacer leyes es sumamente importante, y nosotros como sociedad, tenemos que estar al tanto de lo que aprueban nuestros representantes.

Es así que, hace unos días, el Congreso aprobó la modificación del artículo 107, del Código Penal, que habla del homicidio culposo. En su primera parte, subsiste la pena de 5 años o multa.

Sin embargo, en un segundo inciso, eleva la pena de 3 a 8 años, si se da en forma conjunta la conducta prevista en la exposición a peligro en el tránsito terrestre, cuando se conduce ebrio, bajo efectos de otras sustancias y al carecer de licencia de conducir, o con prohibición de hacerlo.

Es más, se suma a esta pena, la aplicación obligatoria de la prohibición de conducir por un periodo de entre 2 años y 5 años, a ser computados tras cumplir la condena.

De esta manera, si el hecho ocurre según el segundo inciso, los condenados no podrán suspender la ejecución de pena sino que irán presos.

La ley tuvo dictamen negativo de la Comisión Nacional para el Estudio de Reforma Penal, aunque esto no fue tenido en cuenta por los diputados primero, y luego por los senadores.

Lo peor es que prácticamente la pena es igual cuando se hace un concurso de delitos, ya que si se toma el artículo 107 (homicidio culposo), del Código Penal, con el artículo 217 (exposición a peligro del tránsito terrestre), la pena máxima sería de 7 años y medio de cárcel.

En la norma sancionada, se hace un concurso de los hechos punibles en el mismo artículo modificado.

Pero, la cuestión es más grave. En realidad, se piensa que aumentando las penas se podrá frenar la cuestión, pero está probado que no es así. O acaso con darle 30 años al feminicidio o al homicidio doloso, pararon estos hechos. Acaso por elevar las penas de secuestro terminaron estos casos. No. En los Estados Unidos, donde en algunos estados hay pena de muerte, no disminuyeron los crímenes.

El camino no va con castigar con más años a los que cometen delitos, que es la única solución que tienen nuestros legisladores para frenar la criminalidad, y más en época electoral, ya que no hay que olvidar que estamos a las puertas de las municipales, que son el termómetro de las elecciones generales.

La solución es enseñar respeto. Si se tiene respeto, se sabrá que ebrio no se puede conducir. Se apreciará la vida del otro, sus bienes. Ese es el camino. La nueva ley solo dice que somos un país represor, que no tiene otra solución que meter preso a la gente. Es un retroceso como sociedad. Eso no debe definirnos.

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