En julio pasado, en la última Cumbre del Mercosur, nuestros socios del proceso de integración regional decidieron dejar sin efecto la suspensión que pesaba sobre el Paraguay de su participación en los órganos decisorios del bloque y entregaron la presidencia protémpore a Venezuela. El entonces presidente electo Horacio Cartes emitió un comunicado en el que sentó una firme postura institucionalista.
Ese documento expresaba: “Las características jurídicas del ingreso de Venezuela como miembro pleno al Mercosur , en julio de 2012, no han sido subsanadas conforme a las normas legales a que se debe ajustar el ingreso de un nuevo miembro”.
Sin lugar a dudas, la enunciación hacía alusión al artículo 20 del Tratado de Asunción, por el cual el ingreso de nuevos socios al bloque debe contar con la “decisión unánime” de los Estados Partes; y al artículo 12 del mismo Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, según el cual, para que dicho instrumento entre en vigencia, debe contar con la ratificación de los cinco parlamentos afectados por el acuerdo.
Ahora, sin mayor explicación ni sustento jurídico debidamente expuesto a la opinión pública que avale su decisión, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el citado Protocolo de Adhesión, y se espera que el mismo sea abordado esta misma semana en la instancia legislativa. Su aprobación puede darse este mismo mes, antes del periodo de receso parlamentario, para facilitar la participación del presidente Cartes en la próxima Cumbre del Mercosur en Caracas, durante la segunda quincena de enero.
De esto se concluye que el Paraguay aceptará todos los planteamientos formulados por sus países socios en el proceso de integración regional sin mayor objeción, sin contrapartida legal ni acción de cualquier índole que exprese, aunque más no sea de manera implícita, la decisión de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela de resarcir el daño producido a nuestro país. En efecto, ¿qué pasos previos dieron ellos para motivar de nuestra parte una decisión tan relevante como aceptar el ingreso de los venezolanos?
Conste, por otra parte, que el apuro demostrado por nuestros socios para que el Paraguay ratifique el Protocolo de Adhesión constituye la prueba más evidente de que ellos mismos son los primeros interesados en que se supere toda crítica, pública o velada, que eventualmente signifique una impugnación a la legitimidad de la presencia venezolana en el Mercosur.
Sería lamentable, además de gravoso para la reputación de la República, que el Gobierno del presidente Cartes cambie tan radicalmente de postura y, sobre todas las cosas, que resigne la promoción y la defensa de los principios que rigen el relacionamiento internacional del Paraguay, tal como ellos están definidos en el artículo 143 de nuestra Constitución.
Es de esperar que el Parlamento analice la situación con ecuanimidad y comedimiento, sin presiones de ningún tipo y considerando de manera responsable la defensa de los altos intereses de la Nación.