Se reafirmaron públicamente en que si el plan de reactivación económica del gobierno no contempla un enfoque social, será difícil que corra, al menos en el Senado.
El principal reclamo se centra en las compras de insumos médicos, y los créditos que siguen sin otorgarse a las pequeñas y medianas empresas, a pesar que los fondos ya fueron transferidos, pero tienen una baja ejecución.
El titular de la Bicameral, Amado Florentín dijo que si se da un colapso sanitario el gran responsable será el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Sostuvo que evidentemente fue un fracaso la gestión respecto a compras de insumos médicos y que hay responsables.
Remarcó que de los USD 514 millones para Salud, solo se utilizó el 0,54%, excluyendo el anticipo para las empresas Eurotec e Imedic, que resultaron compras fallidas.
En cuanto al Fondo de Garantías (Fogapi), refirió que la ejecución apenas llega a un 21%; mientras que Stephan Rasmussen, agregó que en fideicomiso es de un 14%.
“Creo que hay alrededor de 80.000 carpetas, y que no pasan de 3.000 los préstamos aprobados. Hay 77.000 carpetas que no fueron atendidas”, fue el reclamo del senador patriaqueridista.
El mismo es relator de la Bicameral, y a su criterio hay una inoperancia en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud.
Cree que Mazzoleni debe tener más mano firme contra los hechos de corrupción, y mejorar mucho más el tema de las licitaciones, o debe dar un paso al costado.
Al ser insistido, sobre la posible renuncia del ministro, tanto Florentín como Rasmussen, alegaron que es potestad del presidente de la República, Mario Abdo.
suman críticas. Varios senadores cuestionaron el informe de una comisión creada por el Ejecutivo para supervisar las compras Covid-19, y que arrojaron como resultado final que supuestamente no hubo daño patrimonial.
Esperanza Martínez, del Frente Guasu, sostiene que sobran elementos para creer que existieron serias irregularidades en los procesos de compra en Salud.
Considera que la conclusión de la comisión investigadora, dirigida por Arnaldo Giuzzio, se apuró en afirmar que no existió daño patrimonial, y que genera una sensación de impunidad.
“Parecería que las gestiones más rápidas y eficientes realizadas durante este gobierno, son aquellas en las que hay negocios de por medio”, sentenció la senadora.
“Si no hay un Joselo enviado por el vicepresidente, hay un clan Ferreira con diferentes contactos”, ironizó.
Remarcó que el Ministerio Público debe investigar tanto a funcionarios como a empresarios que intervinieron en el fallido proceso de compras.
“Evidentemente sirvió para blanquear las compras irregulares, la corrupción, en licitaciones y compras para la pandemia”, opinó Carlos Filizzola, con relación a la comisión del Ejecutivo.
Hugo Richer, del mismo sector, considera que realmente la comisión se creó para tratar de poner paños fríos y manipular a la opinión pública, porque no tiene ningún otro valor. “Creo que hicieron un papelón, y por eso empezaron a tratar de rectificar lo que inicialmente dijeron, y ahora hablan de intento de estafa”, manifestó el senador.
Sostuvo que el daño es grave porque se postergó el equipamiento de salud, que era el objetivo central, y el argumento para la cuarentena por la pandemia para la aprobación del millonario crédito.
Indicó que hay que estar atentos a la investigación del Ministerio Público.