Este episodio ha fortalecido a la Ley de Responsabilidad Fiscal como un instrumento de política económica anticíclica para enfrentar escenarios económicos adversos como el que tuvimos este año.
El Ministerio de Hacienda correctamente solicitó la autorización del Congreso, incluso ante la incertidumbre respecto a su aprobación, y los parlamentarios tuvieron la madurez de aprobarla, a pesar de las diferencias políticas que puedan existir entre los distintos partidos y movimientos políticos, comprendiendo la importancia que tiene el tratamiento adecuado del mismo como una política de Estado.
Pasaron seis años desde la aprobación y puesta en vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal y es necesaria una evaluación de su funcionamiento y eficacia en el logro de los objetivos planteados, sus fortalezas y los aspectos que debemos mejorar para que la misma forme parte definitivamente del régimen institucional de la política económica de nuestro país.
Los tres principales objetivos de la ley consisten en: ordenar el proceso de elaboración y aprobación del presupuesto público, en especial las ampliaciones presupuestarias sin financiamiento genuino como era común en años anteriores; contener el crecimiento de los gastos corrientes y especialmente de los gastos salariales del Estado; y, limitar el ritmo de crecimiento de la deuda pública para garantizar la sostenibilidad de la misma.
En términos de resultados, si bien la relación entre la deuda pública y el PIB se incrementó del 8,6% en el 2013 al 18,2% a fines del 2018, la aplicación de esta ley logró contener su ritmo de crecimiento considerando que se respetó el tope del déficit del 1,5% del PIB.
Si no hubiera sido por el aumento del tipo de cambio del dólar, la relación de la deuda con el PIB hubiera terminado en un 13,7%, o sea un incremento a razón del 1% del PIB por año entre el 2014 y el 2018.
Sin embargo, ha tenido menos eficacia en la contención del crecimiento de los gastos corrientes y salariales del Estado. El crecimiento del gasto corriente primario fue del 7,9% en promedio y excedió el tope del 4% más inflación en tres de los cinco años de vigencia y fueron concedidos reajustes salariales, en algunos casos, por encima de la inflación anual como está previsto en la ley, especialmente el acuerdo realizado con los maestros. Por otro lado, si bien se ha limitado de manera importante las innumerables ampliaciones presupuestarias por iniciativas parlamentarias que eran comunes en los años anteriores, en varias ocasiones los parlamentarios no han solicitado el Informe Técnico del Ministerio de Hacienda previo al tratamiento de las mismas, como está previsto en la ley.
En general, la ley ha sido efectiva para contener el crecimiento de la deuda pública pero necesitamos mejorarla, dentro del marco constitucional vigente, para limitar la discrecionalidad con relación a los gastos corrientes y salariales, compatibilizar e incorporar el impacto de la Ley 5102 de Alianza Público Privada y de la Ley 5074 de proyectos Llave en Mano en el déficit fiscal y otorgar agilidad y flexibilidad para enfrentar entornos económicos negativos generados por choques externos o internos que requieren de una política fiscal anticíclica que funcione como un mecanismo de reactivación de la economía. El ministro de Hacienda ha convocado a ex ministros de Hacienda y ex presidentes del Banco Central del Paraguay para discutir opciones para una Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0 para los próximos años.
