La conmemoración de la Semana Santa, que sigue teniendo gran influencia en la tradición, la cultura y la religiosidad del pueblo paraguayo, ha obligado a instalar una saludable tregua en la prolongada crisis política que mantiene al país en vilo, ya que afecta al funcionamiento de uno de los principales poderes del Estado, como es el Legislativo, y tiene que ver con la realización de las próximas elecciones generales de abril de 2018.
Tras este periodo de descanso, que esperemos haya servido también como una oportunidad de serena reflexión, se inicia una etapa más decisiva en que, tanto quienes promueven el proyecto de enmienda de la Constitución, para tratar de imponer la reelección presidencial (actualmente prohibida por la Carta Magna), como quienes están en contra de esta maniobra, seguramente moverán con mucha más fuerza las piezas del complicado ajedrez político, para tratar de definir el ya prolongado conflicto.
Es de esperar que tras los lamentables sucesos de violencia que se produjeron en el último día de marzo y en el primer día de abril, tras el atropello al Congreso para aprobar el proyecto de enmienda en un Senado paralelo por parte de los 25 senadores que responden a la alianza cartista, luguista y llanista, que derivaron en manifestaciones de protesta y en el incendio del Congreso, seguido de una criminal represión policial, se hayan apaciguado mucho más los ánimos y que los principales responsables de esta situación se encuentren más dispuestos a sentarse a dialogar y a encontrar puntos de convergencia para hallar una solución.
La convocatoria a una tercera mesa de diálogo por parte del presidente de la República, Horacio Cartes, con intermediación del arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, fijada para mañana martes, sigue siendo una de las instancias posibles para una negociación, pero para ello hará falta que el titular del Ejecutivo y sus seguidores demuestren una real voluntad de querer destrabar el conflicto, y de no usar este espacio como una simple distracción o cortina de humo, mientras las maniobras para imponer la enmienda prosiguen a toda marcha. Desde el otro sector político también se esperan señales que permitan reabrir con sinceridad el diálogo.
Está claro que, cualquiera sean las propuestas que se puedan acordar, deberán ser por la vía del respeto a las leyes y a la Constitución, sin atropellar aún más la institucionalidad de la República. Será igualmente necesario que se garantice el esclarecimiento total de la criminal actuación de las fuerzas policiales en la madrugada del 1 del abril, en el ilegal asalto al local del PLRA y el asesinato a sangre fría del joven Rodrigo Quintana, principalmente que no se encubra a la alta autoridad que haya ordenado tal acción, que puede caracterizarse como terrorismo de Estado.
Aquí solo hay dos caminos: Insistir con el plan de la enmienda y agravar el conflicto y la división en la sociedad, o tender puentes para encontrar una solución práctica, teniendo en cuenta lo que resulte mejor para todos.
Es tiempo de superar la crisis y reencauzar el país, respetando la institucionalidad.
