La semana pasada estuve en la presunta reserva natural protegida de Marina Cué (Curuguaty).
Digo presunta porque, aunque en la versión oficial es un extenso bosque, cuya protección corre por cuenta del Estado, no vi ningún guardabosque para protegerla y, lo que es peor, tampoco vi el bosque. Lo que hay allí, hasta el alambrado, es una formidable plantación de soja.
Según me dijeron en el lugar, el sojal pertenece a un ciudadano brasileño, que lo cultivaba antes de la matanza del 15 de junio de 2012 y la ha seguido cultivando desde entonces, pagándole un alquiler por la tierra utilizada a la empresa Campos Morombí, que se ha comportado como si hubiera sido el propietario del terreno.
Ni lo he podido corroborar ni estoy obligado a hacerlo; la que tiene la obligación legal es la Fiscalía porque –según el inciso 2 del artículo 268 de la Constitución– no le costaría mucho ver qué pasa en el lugar utilizando la fotografía satelital de Google Earth, que nos muestra con excelente resolución qué hay en ese terreno.
La propiedad del terreno, por otra parte, nos lleva a la cuestión prejudicial, o sea al asunto que, “con carácter previo, debe resolverse por una jurisdicción distinta o por la propia que está conociendo de un proceso” (Diccionario de la Real Academia Española).
La cuestión prejudicial, en este caso, es el litigio iniciado en el 2005 por Campos Morombí en la jurisdicción civil, para reclamar como suyo ese terreno de la Marina paraguaya (o sea del Estado paraguayo), hoy, llamado Marina Cué.
Aunque el litigio civil iniciado en el 2005 no haya terminado hasta hoy, unos fiscales y jueces de la jurisdicción penal decidieron, en junio del 2012, que Marina Cué pertenece a Campos Morombí. Con ese recurso, imputaron a más de cincuenta campesinos y condenaron a doce, como presuntos invasores de un terreno ajeno (artículo 142 del Código Penal).
En el 2015, Campos Morombí donó el inmueble que no le pertenecía a su dueño, el Estado paraguayo; mejor dicho, se lo donó al Ejecutivo, digo Horacio Cartes, quien mandó aprobar la donación por el Congreso, ignorando la cuestión prejudicial pendiente.
La donación no se pudo inscribir en el registro público porque el donante carece de título. Si esto no se entiende no es por mi culpa, sino porque no se puede entender. Los absurdos del affaire Marina Cué o Curuguaty han sido el escándalo de la prensa y organismos de derechos humanos a nivel internacional. Fuera de los tribunales paraguayos, ¿a quién se le hace creer que dos de los condenados, Rubén Villalba y Luis Olmedo, mataron a NN (no se precisa a quién) con la misma escopeta y las mismas balas? Esa escopeta, según dictamen pericial, no había disparado. En realidad, pienso que ni los propios jueces creen en su sentencia.
Sobre el caso Curuguaty el doctor Aitor Martínez dio una conferencia el jueves pasado, organizada por la Plataforma de Investigación presidida por Domingo Laíno, con la participación de José María Quevedo y otros voluntarios. La intervención del doctor Martínez fue decisiva para que la Plataforma pudiera denunciar los abusos de la Fiscalía, que no se ha corregido por eso. A sus abusos se sumaron los jueces, con una absurda condena, que la Cancillería trata de hacer aceptar en instancias internacionales, si bien con poca posibilidad de éxito.