El pleno de la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia de la fiscala María Raquel Fernández, quien fuera duramente cuestionada en la investigación del crimen del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, muerto tras el 31M. Fernández estaba a punto de ser destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
El principal motivo del enjuiciamiento de la mencionada fiscala fue negarse a realizar un cruce de llamadas solicitado por la querella adhesiva, como diligencia fundamental, que tenía un plazo de seis meses para ser obtenido, transgrediendo el criterio de objetividad establecido en el artículo 54 del Código Procesal Penal.
El abogado de la familia Quintana, Guillermo Duarte Cacavelos, manifestó que la mencionada ex representante del Ministerio Público renunció al cargo, ya que era inminente su salida y para no quedar con dicha sanción, decidió renunciar para luego aspirar a otro cargo posteriormente, ya que no figurará en su legajo el caso.