En los discursos políticos de los últimos días estuvo transmitir los logros macroeconómicos a los bolsillos de la gente, atraer inversión extranjera directa, impulsar a las mipymes y a la agricultura familiar por su impacto en la generación de empleo, promover el turismo y la industria, entre otros grandes objetivos.
Una de las limitaciones para cumplir con los mismos es la calidad de la energía. Si bien el último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que el 99% de la población cuenta con este servicio básico, uno de los problemas más graves que enfrenta el país es su calidad.
Las interrupciones del servicio o los cambios en el voltaje o frecuencia tienen costos altos para los hogares y la producción, repercutiendo en los presupuestos y en la productividad económica, por lo que deben ser considerados como una prioridad, igual que la cobertura.
Por otro lado, Paraguay tiene la oportunidad de contribuir de manera significativa con la adaptación al cambio climático a través de la generación de energía limpia y sostenible y ser un ejemplo a nivel mundial.
La posibilidad de entrelazar la transición económica con la transición energética y que ambos se potencien debe ser una aspiración nacional, junto con el aumento de los niveles de bienestar. Esto exige acciones decididas mirando el largo plazo y justamente la renegociación del Tratado constituye un pilar imprescindible.
El equipo negociador debe estar integrado por personas íntegras, con amor a la patria y con reconocimiento y respeto social. La negociación debe tener objetivos claros y escenarios diversos de manera a platear un proceso en el que la estrategia sea “ganar-ganar” y no un juego de suma cero, en el que lo que gana un país lo pierda el otro.
El Gobierno tiene que entender que está negociando con un gigante del continente por el tamaño de su economía, de su población, de su poder geopolítico global y de su capacidad y profesionalidad de la función pública.
A la hora de sentarse a negociar, Paraguay se encontrará con el mejor equipo técnico y político que el Gobierno del vecino país pudo haber elegido. Este equipo tiene una estrategia de negociación y una visión a largo plazo de lo que quieren como Nación.
El logro de los objetivos nacionales no será posible si Paraguay va desprovisto de mínimas condiciones.
De hecho, ya estamos en desventaja si se consideran las decisiones tomadas desde el vecino país en los últimos meses, tanto en términos de la generación de capacidades de negociación como de la política energética traducida en una reducción de la tarifa todavía provisoria.
Paraguay tiene ahora la oportunidad de recuperar su soberanía energética con la próxima renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. La soberanía no es un mero discurso, al contrario, la misma se concreta en la protección de los intereses nacionales y en la provisión nacional de energía barata, sostenible, eficiente y limpia, asegurando este servicio público esencial para familias y empresas.
El bienestar de la población y una industrialización con alto valor agregado dependen del acceso a energía eléctrica de buena calidad y a precios asequibles.
Debido a la mirada cortoplacista y la falta de implementación de un plan de desarrollo a largo plazo, nuestro país ya se quedó atrás para capitalizar dicha medida, por lo que ya empezamos perdiendo distancia en la carrera. La renegociación debe poner en primer lugar el desarrollo nacional y la soberanía energética.
