La medida tomada responde a una exigencia de la Contraloría General de la República (CGR), que sugiere mejorar el funcionamiento del Modelo Estándar de Control Interno para las entidades públicas de Paraguay, más conocido por sus siglas de MECIP.
Este sistema obliga a los funcionarios a presentar informes periódicos y tener un mejor control de la ejecución de gastos.
Durante una inspección realizada por la Contraloría se detectaron desprolijidades en el uso de recursos correspondientes a viáticos, combustibles y otras compras para la Presidencia de la República, en el periodo comprendido entre el 2011 y primer semestre de 2012. Es decir, bajo la administración de los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco, respectivamente.
El secretario general López Moreira firmó la resolución 166 y 167, en donde se definen los nuevos delineamientos para mejorar todos los controles internos.
Se establecieron los grupos de trabajo y los comités así como los subgrupos.
El control interno es la capacidad de cada funcionario público, independiente de su nivel jerárquico en la institución, para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos y mejorar la ejecución de los procesos, las actividades y las tareas bajo su responsabilidad.
La auditora Sonia Sánchez fue designada para recibir los informes.