El ex canciller Eladio Loizaga reconoció que el pedido de prórroga en el 2017 para exponer el pronunciamiento del Estado ante comunicaciones acercadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), provino del Ministerio de Relaciones Exteriores.
No obstante, según relató, nunca recibieron la respuesta de la CIDH sobre si se otorgaba o no la prórroga. Posteriormente, en el informe de fondo solo se señalaba que el Paraguay no respondió una consulta.
Igualmente, explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores actuaba como canal oficial y coordinaba todo el trabajo entre varias instituciones. Es decir, las respuestas a las consultas de la CIDH provenían del área jurisdiccional.
Dependiendo del tema en cuestión, podía dar respuesta la Procuraduría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia o Ministerio del Interior, bajo coordinación de la Cancillería.
“El Estado siempre contestó todos los traslados”, expresó.
Acusó a la Comisión de ser imparciales en los procesos. “La Comisión siempre actúa en una posición no tan ecuánime para los Estados”, apuntó Loizaga.
El Estado envió un documento con fecha 10 de noviembre de 2017, por parte de la Cancillería, como respuesta al informe de setiembre, para la CIDH.
El objetivo era expresar el desacuerdo de Paraguay con las conclusiones de fondo, “con el sometimiento del caso a la Corte, y con el trámite irregular que ellos le imprimieron al tema de la documentación”, explicó por su parte el ex procurador Francisco Barriocanal.
Los alegatos finales deben presentarse antes del 8 de marzo.
