Si bien el proyecto de reforma del Estado aún está en construcción, el ministro de Hacienda, Benigno López, explicó los puntos que se intentan modificar en la administración pública para responder a los reclamos de calidad de la ciudadanía.
“Ese informe señala que se pueden generar ahorros en lugares donde justamente estamos hablando, que son el de la burocracia pública, en el sistema de compras públicas, en el sistema de protección social, donde importa mucho el combate a la informalidad y a la evasión de tal manera que haya más paraguayos en la protección social y menos paraguayos reciban sus recursos de lo que el Tesoro pueda recaudar”, argumentó López durante una charla virtual sobre la Reforma del Estado, organizada por la organización Desarrollo en Democracia.
Una de las propuestas del Poder Ejecutivo para el reordenamiento de gastos es la modificación del servicio civil, donde las remuneraciones representan un gasto de mala calidad del 1,1% del PIB. “La ley apunta que en el sector público entre personal calificado en función a la meritocracia, entonces busca incentivar a traer gente preparada o prepara a gente con intención de eso”, indicó.
En este aspecto, se trabajará con un sistema que va más allá de la Ley de la Función Pública, ya que esta regula solo el 25% del presupuesto, atendiendo a que los docentes, personal de salud y militares tienen otro tratamiento.
También incluye la reestructuración de las instituciones, donde se observaron superposición de funciones y falta de coordinación en los 17 ministerios, 24 secretarías y la misma cantidad de entidades descentralizadas.
El secretario de Estado insistió además con la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, un proyecto que ya había generado rechazo de empresarios y trabajadores por el poder que concentraría el superintendente sobre los fondos jubilatorios.
Compras públicas. En medio de las críticas y dudas hacia los procesos licitatorios, el ministro de Hacienda admitió que dentro de los casi USD 4.000 millones invertidos al año en compras públicas se detectaron deficiencias. De hecho, el malgasto en estas compras significa una pérdida del 1,5% del PIB.
Para una mayor transparencia y gestión anunció la elaboración de un proyecto de ley para finales de año o primer trimestre del 2021.
La mayoría de las propuestas están en su fase final, a diferencia de la reforma del sistema de salud y de educación.
