Por una parte, se ha agitado como respuesta a la crisis el discurso de la urgente reforma del Estado. Más allá de que cada quién la interpreta a su gusto y paladar me referiré a algunos de los rasgos centrales de este discurso. Primero, la reforma busca “achicar” el Estado. Segundo, apunta a mantener baja la presión tributaria. Tercero, reclama para ciertos gremios del empresariado un amplio poder de decisión sobre la política económica e incluso hasta cuánta deuda externa contraer y a qué direccionarla.
Este planteamiento es limitado, carece de sustento sólido y además es contradictorio puesto que mientras que por un lado se critica la ausencia del Estado por el otro se propone su achicamiento. Pero el Estado paraguayo no es grande, sino chico, tanto en términos del gasto público como de la proporción de la población económicamente activa empleada en el sector público y de la presión tributaria. El gasto público es del 19% del PIB mientras que en Argentina, Brasil y Bolivia oscila en torno al 38%, en Uruguay es del 33% y el promedio de América Latina es casi 30%. El empleo público representa 10% de la población económicamente activa, uno de los más bajos de América. La presión tributaria es del 10%, también una de las más bajas de la región.
Por otra parte, en contraste con esa visión estrecha un grupo de académicos ha puesto a la consideración pública una visión alternativa orientada a corregir las inequidades históricas y estructurales de nuestra sociedad a través de un contrato social nuevo que haga realidad los postulados enunciados en la Constitución, pacto fundacional de la democracia y del Estado Social de Derecho.
Este contrato debe centrarse en un nuevo modelo económico, diversificado e inclusivo, que genere empleo digno; un sistema tributario justo y progresivo; un sistema de salud universal, gratuito y de calidad, una educación pública de excelencia que empodere con el conocimiento a nuestros jóvenes, un esquema de protección social efectivo; una Justicia rescatada del cenagal de la corrupción; un sistema electoral confiable; un pacto de justicia social con los pueblos indígenas originarios y con los campesinos y trabajadores urbanos y de compromiso con la equidad de género, la producción y acceso a la cultura y el reconocimiento de la identidad de género; y un pacto medioambiental que preserve nuestros bosques, cursos de agua y ecosistemas.
Y sí, debe incluir una reforma del Estado, pero no para achicarlo sino para hacerlo presente, fuerte, eficiente y autónomo. Para liberarlo del control de los grupos de interés económico y los contratistas que lo han capturado y convertido en títere de sus intereses y para terminar con los obscenos privilegios salariales y corregir la relación entre gastos corrientes y de capital.
Para eliminar la corrupción público-privada que hoy, según estimaciones del BID sobre la ineficiencia del gasto público, se apropia de aproximadamente 600 millones de dólares al año.
La verdadera respuesta a la crisis es pues hacer realidad los postulados constitucionales a través de un contrato social nuevo que asegure un futuro digno para todos: para nosotros y para las generaciones del porvenir.