En Paraguay está prohibida y solo puede ser modificada por la vía de una Constituyente y no la simple enmienda, como se intentó en el 2017 y que generó una grave crisis institucional.
Pero no solamente la reelección presidencial genera polémica. La de intendentes también, quienes, según la ley electoral, solo pueden ser reelectos una vez, pero con interpretaciones forzadas o vericuetos legales, se quedan dos o tres periodos. Los beneficiados son aquellos concejales que por una u otra razón completan los mandatos de intendentes que renuncian o son destituidos, pero que no se contabilizan como tales.
Las internas partidarias para elegir candidatos a intendentes se realizarán el 20 de junio y las nacionales, el 10 de octubre. La carrera legal aún no ha arrancado (la propaganda está permitida dos meses antes), pero las violaciones a la ley electoral son moneda corriente. Basta con mirar las murallas y pasacalles para saber que las restricciones son letra muerta. Los candidatos ensucian la ciudad en plena veda electoral y esas propagandas se borran con pinturas que pagan todos los contribuyentes. El colmo del absurdo.
FORMA DE VIDA. Una de las discusiones sobre la reelección tiene que ver con el uso de los recursos públicos al servicio del presidente, gobernador o intendente en funciones. Los legisladores no tienen ninguna limitación y pueden ser reelectos las veces que quieran.
La eterna excusa de los que buscan la reelección es que no tuvieron el tiempo suficiente para cumplir sus promesas electorales. Aquí es donde nace el mayor peligro, el de los caudillos, “los únicos que pueden resolver los problemas”. Luego es difícil librarse de ellos porque siempre encuentran razones para permanecer en el poder.
En Paraguay, la gestión política marcada por el Partido Colorado y copiada por la mayoría de los opositores se basa en el clientelismo, el prebendarismo y la corrupción. Es una cultura tan arraigada que es difícil de erradicar, a pesar de su innegable inmoralidad y sus devastadores efectos políticos, económicos y sociales.
Caída la dictadura, lamentablemente para la democracia, la principal oposición (PLRA) se sumó al impúdico cuoteo en vez de combatirlo frontalmente.
USO Y ABUSO. Días pasados, se denunció que un vehículo de la Municipalidad de Asunción trasladaba carteles proselitistas del actual intendente Óscar Nenecho Rodríguez, y precandidato cartista de Asunción. El automóvil ni siquiera tenía el logo del Municipio, otra irregularidad y confirma las sospechas. Tal fue el escándalo, que se vio obligado a pedir disculpas y anunció sumario al funcionario responsable, cuyo nombre no dio a conocer. Obviamente no tendrá castigo.
También generó críticas la gira proselitista por Amambay del vicepresidente Hugo Velázquez en un avión de la Fuerza Aérea. Ni siquiera intentó explicaciones eufemísticas. Confirmó la información y justificó el uso de la aeronave por medidas de seguridad atendiendo su investidura. Sin el menor rubor, acotó que no importaba lo que estaba haciendo porque él es vicepresidente. Por si no quedó claro, acotó que se debe al partido que hoy está en el poder. O sea, lo seguirá haciendo.
Nenecho y Velázquez son dos típicos ejemplares colorados que consideran que los bienes municipales o estatales son propiedad del partido de gobierno. El Estado no es de todos los ciudadanos, sino de quienes ostentan el poder. El patrimonialismo, esa desnaturalización y sus perversas ramificaciones: el uso de los recursos para los familiares, amigos, amantes y correligionarios.
DEBATE NECESARIO. Las campañas electorales muestran a diario el abuso de poder que se exacerba en tiempos de campaña.
La reelección funciona en los países donde las instituciones son fuertes y ponen freno a los atropellos y extralimitaciones.
Paraguay precisamente no es uno de ellos. No solo tiene instituciones débiles, sino medularmente corruptas.
La disputa por la intendencia despertó mayor interés con la transferencia multimillonaria de rubros excepcionales, más allá de los impuestos. El Ministerio de Hacienda transfirió G. 2.466.397 millones a las municipalidades y gobernaciones al cierre del ejercicio fiscal 2020. Las municipalidades recibieron recursos a diciembre del 2020 por un total de G. 1.231.155 millones; mientras que las gobernaciones por G. 1.235.242 millones. Dinero que no mejoró las condiciones de vida de los ciudadanos, sino generó nuevos descarados millonarios. Aún falta saber si los presidentes en ejercicio aprendieron la lección con el rechazo a la reelección presidencial del 2012, donde la ciudadanía puso pecho porque no funcionaron los resortes institucionales.
Con la corrupción rampante de la mayoría de los intendentes, que son noticia por sus escandalosos robos y manoteos de los recursos de Fonacide y royalties, y su incapacidad para resolver los problemas cada vez más complejos de las ciudades, cabe preguntarse si no es pertinente debatir la eliminación de la reelección de los jefes comunales.
