Opinión

Rediseñar el sector eléctrico

El marco regulatorio y de operación del sector eléctrico en nuestro país ha permanecido prácticamente sin cambios desde la creación de la ANDE y la firma de los Tratados de Itaipú y Yacyretá.

César Barreto Otazú Por César Barreto Otazú

Según la Ley 966/64, la ANDE tiene el monopolio del “abastecimiento de energía eléctrica en todo el territorio” y “un derecho de preferencia para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos necesarios”. Concentra, además, los roles de planificación, regulación, determinación de tarifas y de operación del sistema eléctrico. Sin embargo, hay importantes desafíos en la próxima década que nos obligan a evaluar opciones y realizar los cambios necesarios en el sector para mejorar la eficiencia, la calidad, la seguridad energética y promover la inversión, acelerar el crecimiento económico y mejorar el bienestar de la gente.

Con la construcción de las represas de Acaray, Itaipú y Yacyretá, el abastecimiento del consumo nacional de energía estuvo garantizado desde los años 80, y la ANDE focalizó sus esfuerzos posteriores en la construcción de líneas de transmisión y de infraestructura de transformación y distribución de electricidad en todos los distritos del país. Como resultado, la cobertura de sus servicios ha superado el 99% de la población en los últimos años, convirtiéndose en uno de los pocos servicios públicos de cobertura universal, principal logro del Estado paraguayo en los últimos 30 años. Sin embargo, hoy, con supuestos plausibles de crecimiento de demanda en horas pico, tendríamos déficits de capacidad instalada hacia finales de esta década, o antes si hay cambios importantes en la matriz de consumo energético; además, la calidad del servicio sigue siendo baja en términos de disponibilidad y tiempos de restauración y las pérdidas de energía son elevadas por la precariedad de la infraestructura y los altos índices de robo de energía.

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Por lo tanto, las prioridades en la próxima década consisten en alcanzar estándares internacionales de eficiencia y calidad en la prestación del servicio y desarrollar nuevas fuentes de generación de energía renovables para responder adecuadamente a un cambio en la matriz de consumo y garantizar la disponibilidad de energía suficiente. Todo esto requerirá de importantes inversiones en el sector, para cuya materialización debemos crear los mecanismos y el marco regulatorio y tarifario adecuado para generar los incentivos a la ANDE y buscar un mayor involucramiento del sector privado para evitar que las restricciones de sostenibilidad de la deuda pública impacten negativamente. Según el Plan Maestro actual de la ANDE, en la próxima década el sector requiere una inversión de alrededor USD 5.200 millones en transmisión, distribución y sistemas de información y control. Además, estima una inversión de USD 3.500 millones en nuevas fuentes de generación hasta el año 2040, cuya materialización se deberá acelerar si hay cambios en la matriz de consumo energética en los próximos años.

Ante este escenario, la agenda de reformas del sector debería considerar los siguientes puntos: a) Desintegrar verticalmente el sector para optimizar la participación del sector privado, principalmente en la generación de energía, y focalizar a la ANDE en la transmisión y distribución para aprovechar su elevada cobertura con un objetivo claro y explícito en mejorar su eficiencia y la calidad del servicio hacia estándares de países industrializados; b) Crear un Ente Regulador Autónomo de Energía o un Ministerio de Energía como organismo rector con roles de planificación, priorización, otorgamiento de concesiones, regulación y fijación transparente de tarifas suficientes; regulación y control de estándares de calidad del servicio, etc.; c) Actualizar la Carta Orgánica de la ANDE para compatibilizarla con el nuevo marco regulatorio, mejorar su gobernanza interna, asegurar una administración técnica con altos estándares de eficiencia operacional, transparencia y adecuados sistemas de información financiera y de control; y d) Rediseñar el régimen de subsidio o tarifa social, financiado con recursos del Tesoro, para mejorar su focalización en los hogares en situación de pobreza con mecanismos transparentes y ágiles de incorporación.

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