El Tribunal de Sentencia rechazó ayer todos los recursos de las defensas de los acusados por el caso de la firma Insumos Médicos SA (Imedic), donde están acusados Justo Ferreira y su hija Patricia, por la presunta compra irregular de los insumos chinos durante la pandemia del Covid.
Con esto, luego de cinco audiencias, culmina la etapa previa y el próximo martes se iniciará formalmente el juicio oral, con la lectura de la resolución que elevó el caso a esta etapa. Luego vendrán los alegatos iniciales de las partes.
Los jueces Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza rechazaron el recurso contra la resolución que rechazó la falta de competencia del Tribunal para juzgar la causa. Señala que sí están habilitados para hacerlo.
Además, rechazaron acumular las dos causas que tiene la firma Imedic, porque no tienen ninguna relación, dijeron. Tampoco admitieron el recurso sobre la prejudicialidad. Dicen que el proceso administrativo y el penal eran distintos.
Otro punto que no hicieron a lugar es el pedido de anular la acusación fiscal y el auto de apertura a juicio oral. Argumentaron que la acusación tenía todos los requisitos legales para su validez.
Alegan que los fiscales señalan en forma precisa los hechos y conductas que atribuyen a cada uno de los acusados. Incluso, la determinación del precepto jurídico aplicable a cada procesado. Así, dicen que es válida.
Aclararon también al defensor público, Martín Muñoz –que defiende al procesado en la causa Carlos Gamarra–, que recién con la sentencia iban a resolver el pedido de anular parcialmente la acusación por falta de la indagatoria previa.
El Tribunal tampoco hizo lugar a los recursos contra el rechazo de las pruebas que querían ser incluidas por las defensas.
Con ello, hubo reserva de apelación para todas las defensas con respecto a las incidentes y excepciones que promovieron.
Después, el defensor público Martín Muñoz tenía otro juicio oral, por lo que finalmente se dispuso el receso hasta el próximo martes 30 de mayo, en horario de 13:00 a 16:00.
EL CASO. En la causa, además de Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, están acusados Carlos Alberto Gamarra, Guillermo Andrés Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, funcionarios de Aduanas y despachante, respectivamente.
El Ministerio Público habla de los presuntos delitos de contrabando, producción de documento no auténtico y asociación criminal por la compra fallida de insumos para el Ministerio de Salud Pública durante la pandemia del Covid-19.
Supuestamente, la empresa trajo cincuenta camas hospitalarias de contrabando, que no cumplían con los requisitos del Ministerio de Salud, en los insumos que debía proveerle durante la emergencia sanitaria.
Según el abogado Marcio Battilana, defensor de Justo Ferreira, no existe hecho punible, sino que fue una infracción aduanera, ya que hubo una diferencia entre lo que se declaró y lo que se trajo. Apunta a que se abonó la multa, con lo que no existe hecho punible.
Es más, el abogado defensor apuntó que se pretendió señalar que hubo producción de documento no auténtico cuando que era solo un borrador de factura, por lo que mal podría inducir al error. Negó también que pueda haber asociación criminal entre padre e hija.
Largo camino para juzgamiento
El caso tuvo un largo camino para llegar al juicio oral. Es que en julio del 2021, el juez Humberto Otazú elevó a juicio contra el clan Ferreira. Esta resolución fue apelada por la defensa de los procesados y en setiembre del mismo año el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Gustavo Santander, Cristóbal Sánchez y José W. Servín, ratificó el fallo, pero recién ahora, casi 2 años después, inicia el juzgamiento.
