A pesar de que la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, halla detallado en un informe el hallazgo de 26 observaciones, y un presunto daño patrimonial de G. 8.365.208.915 por parte de la Gobernación, sumando las dos denuncias, que ya quedan a cargo de la Fiscalía para una investigación, los legisladores consideran una persecución.
Para los integrantes de este sector, Ríos es un “hombre de dilatada trayectoria y honestidad en la función pública”.
Añaden de que ante las denuncias, se exija a ”que la justicia en las instancias pertinentes estudie en base a la Constitución y las leyes en forma objetiva las observaciones realizadas por el órgano de control”.
Consideran que las resultas de la investigación de la CGR, debe alertar. “Debemos alertar a la ciudadanía y las demás instituciones, que no permitiremos la persecución a las autoridades electas no afines al partido de gobierno”. Además rechazan que instituciones públicas sean puestas al servicio de “intereses sectarios y meramente electorales”.