La decisión de mantener el embargo se da en el marco del juicio de reparación del daño impulsado por el arquitecto Julio Mendoza Yampey (dueño de la empresa M&T SA), una de las víctima de usura.
Esta acción civil en lo penal había sido planteada ante el tribunal de Sentencia que lo condenó en el 2021.
Mendoza Yampey –quien fue querellante en la causa donde lo había sentenciado a 15 años a Daher– exige la suma de G. 381.153 millones (unos USD 52 millones al cambio actual).
La ratificación del embargo ahora es para asegurar el reclamo que hizo la víctima.
ANTECEDENTES. La empresa M&T SA operaba como proveedor confiable a distintos órganos del Estado, y a particulares, pero ya en el 2016 se vio afectada por la demora y falta de pago, tanto por parte de entidades públicas y otros clientes.
Esto le produjo un descalce financiero, así como demoras, faltas de pago a proveedores y a sus propios empleados.
Según la sentencia: “Esa situación generó necesidad en el representante de Julio Mendoza Yampey de aceptar préstamos ofrecidos por Ramón González”.
¿La razón? “Los bancos y entidades financieras de plaza ya no otorgaban préstamos a la firma debido a que habrían alcanzado sus límites de créditos, situación conocida y aprovechada por Ramón González Daher”, continúa la sentencia.
El monto del crédito que hizo el ahora condenado fue de G. 15.980 millones, de los cuales la firma terminó pagando G. 23.694 millones, con los intereses que le impuso RGD.
Pese a que se saldó la deuda, Ramón González Daher empezó a poner en práctica su esquema que terminó con denuncias en contra de Mendoza Yampey.
Antes, intentó depositar en sus cuentas bancarias los cheques que una vez el arquitecto le dejó en garantía y como estos fueron rechazados, hizo la denuncia contra él por supuesta estafa, pese a que ya se le pagó toda la deuda.
155 VÍCTIMAS. En juicio se determinó que existieron 155 víctimas del esquema de usura de Ramón González Daher.
En la misma causa también había sido condenado el hijo, Fernando González Karjallo, por lavado.
El propio Tribunal indicó que todas las víctimas tienen el derecho de reclamar indemnización.
