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Ránking de los mayores morosos ambientales que están procesados

 

Un total de 103 juicios contra infractores son promovidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (ex Seam). En la lista figuran tanto personas particulares como empresas y municipalidades. El monto del proceso asciende a la suma de G. 6.138.000.000. Infracciones a las normas de evaluación de impacto ambiental, recursos hídricos, vida silvestre y gestión de residuos son las principales irregularidades detectadas.

Además de los 22 infractores que más deben (ver infografía), en la lista figuran conocidos entes. Entre ellos se encuentran la Essap, con una multa de G. 21.046.800, Asociación de Funcionarios del IPS (Fipsa), también pendiente a pagar el mismo monto y Cooperativa Colonias Unidas con G. 10.523.400.

Asimismo, aparecen varias empresas de transporte como la firma La San Lorenzana, cuya deuda es de G. 39.252.500; San Gerardo con G. 78.505.000; Cerro Koi SA que debe abonar G. 24.554.600; San Agustín con G. 21.046.800 y Vanguardia con una multa de G. 14.031.200.

Las comunas tampoco quedan atrás. Entre las morosas aparecen la de Villarrica, que no abonó la suma de G. 21.046.800; Municipalidad de Mbuyapey G. 42.093.600 y la de Yby Yau con deuda pendiente de G. 14.031.200.

Otras empresas infractoras son Frigorífico Frialsur SA, Agricultura y Tecnología SRL, Consorcio Vial Sureño, Logistic Trade Company LTC SA, Termopac SRL, Everest Ingeniería, Club de Campo Ladripar SA, Firma Kircac SA.

El hasta ahora director de Asesoría Jurídica, Hugo Enrique Cañiza, explicó que los juicios se iniciaron por no abonar las respectivas multas administrativas como consecuencia de sanciones impuestas.

“A esta instancia se llega luego de que las resoluciones derivadas de los distintos sumarios administrativos tramitados por infracción a normativas ambientales desembocaran en multas como sanción y que una vez notificadas a los infractores, no han sido abonadas por los mismos”, comunicó. Si no pagan estas deudas –las cuales no prescriben– corren el riesgo de sanciones como embargos, cobros compulsivos o hasta cárcel por inhibir la normativa.

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