El artículo primero del borrador de proyecto de declaración expresa en su parte resolutiva que se insta a la SFP la formulación de una política de gestión eficiente y transparente para el acceso a la información de los datos relacionados a los recursos humanos del sector público, como así también la difusión de tales datos a través de los medios masivos de comunicación que así lo requieran.
La misma sería presentada en la próxima sesión ordinaria de Diputados, y según el propio titular de la Cámara Baja esto implicaría un alivio para él mismo y todo el Congreso, ya que ellos consideran que no tienen las herramientas jurídicas para poder realizar esta acción sin colisionar con intereses particulares de los funcionarios, o sea, exponerse a demandas de los afectados, teniendo en cuenta una jurisprudencia dada donde la Defensoría del Pueblo atacó a la Municipalidad de San Lorenzo y la Justicia falló a favor de que no se brinden datos de funcionarios públicos.