Por Susana Oviedo
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–¿En qué momento se está ante una industria del secuestro?
–Hay varios factores que hacen que este delito comience a tomar posición. Las bandas delincuenciales encuentran las debilidades del Estado, y solo en un porcentaje mínimo de todos los secuestros ocurridos no se paga rescate.
Es entonces cuando le estamos dando motivos a la industria criminal: primer rescate pagado, primer síntoma de éxito para los secuestradores; y viene el segundo, luego el tercero. Una vez pagado el rescate y una vez liberado un secuestrado, sin duda, se anuncian por ahí otros casos que vienen.
–¿Cómo se opera para impedir el pago de rescate?
–En Colombia hay incautación de bienes de los familiares de la víctima, precisamente para que no se pague el rescate. También existe la figura de la extinción de dominio, que consiste en no permitir que los secuestradores tengan acceso al dinero que les fue pagado. Se les bloquean los bancos para que no hagan lavado de activos.
Sin embargo, para este tipo de políticas, tan delicadas y determinantes, se necesita una conciencia política plena y una normatividad seria.
–¿Cómo entra a intervenir el Estado en un caso de secuestro?
–Una vez identificado el caso, a las 24 horas máximas, el Estado tiene que darle seguridad a la familia del secuestrado, de que se hará cargo de la situación.
Esto se hace con el respaldo de una normatividad bien aplicada, que no se preste a manejos parciales frente al delito.
El Estado debe estar consciente de que el resultado del rescate será óptimo, porque la familia de la víctima puede reclamarle cualquier medida que los delincuentes tomen, en vista de que se le impide el pago del rescate. Al consumarse el pago del rescate, la industria crece.
Una vez acordado eso, tiene que atacar con normas la estructura económica y financiera de la delincuencia organizada. Así es como Colombia llegó a incluir este delito como una fuente de lavado de activos y a actuar en la extinción de dominio de los bienes, producto de ese delito. Debe ser un procedimiento ágil y expedito, para que la familia del secuestrado quede tranquila.
–Cuando entra a intervenir el Estado en un caso de secuestro, ¿asume todo el manejo de la negociación con los delincuentes?
–Bueno, la seguridad que le da el Estado de poder manejar el secuestro con los delincuentes no quiere decir que la familia se aparta. Ésta acompaña; se pide un vocero de la familia, ya que los secuestradores tratan de negociar con algún miembro de ésta, porque saben que la sensibilidad y la angustia están a flor de piel.
Pero en nuestro país también se respeta lo que la familia determine para el manejo de la situación. Lo que el Estado le dice es: “Déjeme ser el líder en el manejo del secuestro”. No obstante, hay casos que no se denuncian y que son tratados directamente por las familias que negocian con estas bandas. Eso perjudica terriblemente la política antisecuestro.
Por otro lado, parte de las medidas establecidas por ley incluyen una asistencia psicológica a los familiares de la víctima.
–¿Qué sucede si una familia decide seguir con las negociaciones y se muestra dispuesta a pagar el rescate?
–Sin duda, hay capacidad técnica para hacer seguimiento a las bandas que generan esta clase de delito. Si una vez pagado el rescate, sin que el Estado haya asumido la negociación, éste no deja de actuar al quedar libre la víctima. La persecución a las bandas prosigue.
–¿Qué corresponde hacer cuando el secuestro está instalado?
–Indiscutiblemente, hay que quitarles de raíz a las bandas la tendencia a aumentar los secuestros. Esto se da cuando empiezan a popularizarse y ya no importan la esfera social, el sexo o la edad de las víctimas. Cuando tiene una vigencia permanente, como desafortunadamente lo vemos hoy en el Paraguay.
Es cuando, sin duda, el Gobierno tiene que empezar a trabajar en las reformas, la legislación y una política de Estado.
–Sin embargo, los secuestradores suelen llevar amplia ventaja, y son los que establecen las reglas de juego...
–El Estado tiene que reaccionar inmediatamente para que las bandas delincuenciales no tengan el control. Para eso se necesitan muchas cosas. Un objetivo general importante es incrementar los costos de comisión de estos delitos. El otro es consolidar la confianza de la ciudadanía y la credibilidad de la comunidad internacional en la capacidad del Estado.
–¿Puede configurarse una política de Estado sobre esos dos objetivos?
–Se tiene que comenzar a trabajar sobre una estructura de manejo del secuestro. Crear una mesa de trabajo interinstitucional, con una voz cantante, para poder centralizar el análisis de la situación. Esa mesa de trabajo y las responsabilidades deben establecerse por ley. Constituida esta instancia, comienzan a analizarse otros aspectos, como el flujo de dinero de los secuestradores.
–Concluimos que ese organismo interinstitucional no se activa solo cuando se produce un nuevo secuestro...
–Claro, tiene que estar trabajando permanentemente. Por ejemplo, instando a los ciudadanos a que denuncien anticipadamente cualquier sospecha que haya en la vecindad. Para eso tienen que contar con un Estado fortalecido, institucional y normativamente. Si no, las bandas delincuenciales seguirán buscando la negociación del secuestrado.
–¿Cómo se gana la confianza del ciudadano hacia el Estado en temas como este?
–El Estado tiene que tener una política firme respecto a que hay que reformar las estructuras de determinadas instituciones relacionadas con la lucha contra los delitos transnacionales, incluido el secuestro. Hay que reformar la Policía, darle una estructura firme al igual que a los otros órganos (Fiscalías, Ministerio del Interior). Si son débiles desde el punto de vista institucional, no funcionan.
Lo vemos cuando leemos en Paraguay las noticias sobre el último caso de secuestro, y que hay gente de la Policía involucrada. Cierto o no, produce efectos muy negativos en la confianza hacia las instituciones del Estado. Para poder generar confianza, hay que modificar, reestructurar, reformar.
–Con la ayuda que ha recibido el Gobierno paraguayo de parte de Colombia, ¿cree que ya está en condiciones de diseñar una política de Estado?
–Todavía hay mucho camino por recorrer. Quisiera ser optimista de que pronto vamos a tener la formación de esa Mesa de Trabajo. He visto el esfuerzo inmenso que la Fiscalía paraguaya ha emprendido. Quizá solicitaremos una mayor agilidad en el Plan de Acción para lograr, por fin, esa creación interinstitucional, de modo a no tener tantos voceros en un momento determinado.
Es un proceso muy lento, de paciencia. Ojalá en el Gobierno paraguayo estén comprometidos en la lucha contra el delito. Que no se vuelva el apaga-incendio del secuestro del día. Eso no da resultado.
Si no hay una política seria de ataque al secuestro, mañana pueden suceder otras cosas desafortunadas que nos harían llorar.
Sus frases
“Debe identificarse el secuestro como un delito de lesa humanidad, que vulnera la sociedad y es una amenaza muy grave contra la democracia.”
“En un caso de secuestro, por ley, tiene que haber un único vocero. Esto evita filtraciones y, además, establece responsabilidades.”