Desde su prisión en la cárcel militar de Viñas Cué, el diputado Ulises Quintana se refirió a su caso con duros cuestionamientos hacia la Justicia.
En un video se observa al legislador sentado y hablando a la cámara, mientras como apoyo aparecen imágenes de la fiscala del caso, Lorena Ledesma, y la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
“Llamaría a esto un terrorismo fiscal judicial, en el sentido de que estoy preso hace ocho meses sin que existiera ningún argumento fáctico de parte del Ministerio Público, para sustentar una imputación y mucho menos una acusación”, expresó.
Reflexionando, indicó estar preocupado por su privación de libertad sin pruebas tras aconsejar a una persona en su calidad de abogado.
“Quiere decir que todos los abogados que seamos consultados por clientes u otras personas sobre sus situaciones judiciales o problemas judiciales o jurídicos, vamos a estar sometidos a que seamos prácticamente involucrados en hechos punibles”, lamentó.
Recordó que por 14 años se dedicó a ejercer la profesión, al igual que su padre, que es abogado penalista, exclusivamente enfocados en el Derecho penal y procesal penal.
“Gente que no le serví, que no le ayudé y con quien no me quise meter en la situación de la liberación de este dinero. En este caso, lo único que yo hice como abogado, fue aconsejarle a que envíe el documento que demuestre la legalidad del dinero”, aclaró Quintana.
En cuanto a las imputaciones en su contra, mencionó que no hay pruebas que lo vinculan al narcotráfico. “Las declaraciones del jefe de Inteligencia de la Senad, Juan Jara, son contundentes; él responde: ‘Ningún elemento de prueba existe en contra del diputado Ulises Quintana que pueda unirle al narcotráfico internacional’”, afirmó.
Asimismo, se defendió sobre la segunda imputación, que es enriquecimiento ilícito, manifestando que la Seprelad informó que no existe movimiento irregular en los últimos cinco años, y la Contraloría, que no fue adquirido ningún bien patrimonial luego de asumir como diputado.
Finalmente, sobre asociación criminal, comentó que la Fiscalía alega que con su influencia, hizo que se maneje dinero en todo el territorio.
“Qué influencia puedo tener yo si hacía dos meses que era diputado. Influencia no podría tener porque hace 20 años que una familia maneja el Alto Paraná y en Caaguazú no tengo ni siquiera un conocido que sea policía”, reclamó.