En la Cámara Baja un puñado de diputados siguen impunes a pesar de la expulsión de Carlos Portillo, ex parlamentario del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien perdió su investidura la semana pasada tras la revelación de audios que lo involucran en uso indebido de influencias. El ex legislador no contó con el apoyo de ningún colega, aunque varios están en su misma situación, e incluso algunos estuvieron presos sin que hayan sido sancionados de ninguna manera.
No obstante, en la Cámara de Diputados siguen impunes varios legisladores, quienes enfrentan graves procesos. Algunos como los colorados Ulises Quintana y Miguel Cuevas incluso estuvieron presos, y otros como el colorado Tomás Rivas, quien enfrenta un caso por pagar a sus caseros con dinero del Estado, no son sancionados. Los parlamentarios no habían expulsado a ningún miembro hasta Portillo, situación que no ocurre en la Cámara de Senadores, donde ya son media docena quienes dejaron el Congreso.
Sucede que en los audios filtrados se escucha el manejo corrupto, prebendario y oscuro que ocurre en las instituciones del Estado, que le valieron la pérdida de investidura al ex diputado liberal, en una Cámara que siempre se opuso a juzgar a sus miembros. Esta vez el afectado hizo enojar a la bancada más fuerte (el cartismo) por haberla salpicado y le sacaron el curul en un juicio fugaz.
José María Ibáñez había sido salvado en 2018, pero días después se vio obligado a renunciar tras la presión ciudadana. En su reemplazo había asumido Juan Carlos Nano Galaverna, quien tampoco cuenta con pulcros antecedentes, pues fue investigado en el 2011 al descubrirse que el plantel de jugadores del club 24 de Mayo de Ypacaraí, donde era arquero, cobraba salario del TSJE sin trabajar. Galaverna se ausentó en la sesión donde expulsaron a su colega liberal.
En el caso de Portillo, fue el diputado de Colorado Añetete Ramón Romero Roa quien presentó el pedido de pérdida de investidura e incluyó entre los argumentos el audio conocido en el 2017 por el que incluso fue abierta una causa penal. En la conversación Portillo pide USD 3.000 a una contadora para una resolución a su favor. Por el hecho se había pedido su destitución, pero fue salvado porque no había condena judicial. Esta vez, tampoco; sin embargo, puso en evidencia cómo se reparten cargos en la Cámara Baja y acusó incluso al presidente Pedro Alliana, quien incluso afirmó en una entrevista que iban a expulsar a Carlos Portillo por “irresponsable y charlatán”.
Sin confianza. Por su parte, Romero Roa indicó que la primera vez la Cámara le dio su confianza, pero Portillo no aprendió y no rectificó su conducta, porque creyó que iba a seguir siendo protegido, en un “secreto a voces” fehacientemente comprobado.
“No es muy halagador solicitar la aplicación del artículo 201 de la Constitución Nacional referente a la conducta del colega Carlos Portillo, es una situación reiterativa del colega que nos envuelve en una situación bastante difícil desde el punto de vista institucional”, expresó Romero Roa. Opositores como Sebastián Villarejo y los propios cartistas pidieron que Portillo dé nombres de los que negocian cupos.
En un juicio con un mecanismo que no estaba claro por la falta de reglamentación, Portillo negó todas las acusaciones y dijo que se trata de una persecución política en el marco de las elecciones municipales. Afirmó que los audios son ilegales y pidió que fuesen peritados por la Fiscalía. Solicitó 48 horas para su defensa, pero le fue negado el tiempo, alegando que había elementos evidentes de uso indebido de influencias.
Lo llamativo fue que Ulises Quintana, salvado antes de la expulsión, votó a favor de la pérdida de investidura. Se abstuvieron Hugo Ramírez, Hugo Capurro, Esteban Samaniego y Manuel Trinidad. Se ausentaron los acusados por corrupción y protegidos Miguel Cuevas, Éver Noguera y Tomás Rivas. También Freddy D’Ecclesiis, Édgar Ortiz, Rodrigo Blanco, Salustiano Salinas y Carlos Núñez Salinas.
El colorado Esteban Samaniego, investigado por un faltante de G. 10.000 millones cuando era intendente de Quyquyhó, votó en blanco. Avelino Dávalos, también investigado por perjuicio al Estado como gobernador de Caazapá, votó contra Portillo.
Vetado por corrupto por los EEUU
El diputado colorado Ulises Quintana es uno de los que siguen siendo salvados por la Cámara Baja. El legislador es incluso precandidato a intendente de Ciudad del Este. El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) publicó en abril la designación de “persona significativamente corrupta” que recayó, esta vez, en Quintana. En la misma lista están incluidos el ex senador Óscar González Daher y el ex fiscal general Javier Díaz Verón. Pese a que Quintana está vinculado con el líder narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña, e imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, y hasta estuvo preso, recuperó su libertad y retomó su banca.
Cuevas también estuvo en prisión
El diputado Miguel Cuevas, del movimiento Colorado Añetete, liderado por el presidente Mario Abdo Benítez, está procesado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias. Supuestamente, entre los años 2009 y 2019, tuvo un ingreso de G. 5.734.307.036 y su egreso fue de G. 7.439.622.171, con una diferencia de G. 1.705.315.135. En el caso también están imputados su esposa Nancy Florentín y su hijo Enzo Cuevas. Cuevas supuestamente malversó al menos G. 1.200 millones durante su gestión como gobernador de Paraguarí, estuvo preso varios meses pero recuperó su libertad y volvió a la Cámara Baja.
Espera juicio por caso de caseros
Otro que continúa salvándose de la expulsión es el cartista Tomás Rivas. El diputado de Paraguarí fue imputado por supuesto cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. El caso de Rivas saltó a la luz gracias a una investigación de Última Hora, en 2017, que reveló que el parlamentario hacía figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados a tres empleados particulares suyos: Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González, quienes ya fueron condenados.