El video se tomó en Marina Cué (Curuguaty) el 15 de junio de 2012, en el mismo día y lugar en que murieron seis policías y once campesinos a causa de un tiroteo; nos muestra al ex diputado Julio Colmán entregando al fiscal Jalil Rachid una buena cantidad de cápsulas servidas de balas.
Son cápsulas de balas de fusiles automáticos de alta velocidad, usados por las fuerzas de seguridad paraguayas.
Quizás el fiscal olvidó aquella entrega y por eso, en una entrevista de la radio 780, dijo a Carlos Peralta (3/10/12) que se encontraron solamente las cápsulas de las balas de las escopetas disparadas por los campesinos; no era cierto que se hubieran disparado armas automáticas.
Si fue un olvido, le refrescó la memoria el video y su comentario en los medios de comunicación.
Como le correspondía tomar en cuenta todas las circunstancias del caso, debió entonces buscar las balas que le entregaron y agregarlas al expediente, y ordenar una pericia del video, para agregarse al expediente.
No hizo ni lo uno ni lo otro, pese a los pedidos de la defensa; lo que hizo fue disculpar a los policías e imputar a los campesinos.
¿Por qué los imputó?
Porque sus nombres aparecían en un cuaderno encontrado en el lugar del crimen.
¿Dónde está el cuaderno?
No se lo agregó al expediente porque, supuestamente, se mojó cuando las fuerzas de seguridad cruzaron un caudaloso curso de agua, y los nombres están ilegibles.
¿Cómo pudo leerlos el fiscal?
Es una de las incongruencias del caso, donde la primera víctima ha sido la imparcialidad.
Dolores López fue procesada. ¿Por qué? Porque, según la acusación, “se encontraba [en el lugar] con un niño de 3 años en brazos [y] se retiró raudamente de la zona de conflicto”.
Correr de los tiros no es dispararlos, y un niño de 3 años no pone en peligro la vida de nadie.
Se puede matar con una escopeta calibre 12 pero, la que presentó la acusación, era de un militar retirado, que la tenía en su poder al tiempo de producirse la matanza, y la perdió varios días después, cuando se la robaron.
Una escopeta calibre 12 no es una escopeta “calibre 12 milímetros”, como afirma la acusación.
En cuanto al rifle de aire comprimido, no es homicida, sino pajaricida: solo mata pajaritos.
¿Cómo no se hizo asesorar la fiscalía antes de mandar las fotos a la prensa?
En resumen, no existe ningún fundamento para acusar a los imputados por tentativa de homicidio e invasión de inmueble ajeno. El inmueble reclamado por los campesinos con el apoyo del Indert es del Gobierno, que estaba dispuesto a entregárselo.
Por uno de esos malabarismos procesales de nuestros tribunales, su propiedad se discute desde hace una década, porque lo reclaman el Estado paraguayo y la empresa latifundista Campos Morombí. Pero no estando la propiedad definida, mal podía la fiscalía declarar propietaria a Campos Morombí y acusar a los campesinos de invadirlo.
Por desgracia, debemos esperar una sentencia tan injusta como han sido los procedimientos hasta ahora.