En teoría, los 18 reclusorios y los 8 centros de educación destinados a menores de edad que han delinquido deberían ser un espacio de reeducación de los reclusos para que estos, al recuperar su libertad, puedan desenvolverse normalmente en la sociedad dejando atrás su pasado de cuentas pendientes con la ley.
En nuestro país, sin embargo, las cárceles son lugares donde el ser humano, además de cumplir un castigo con la privación de su libertad, es agredido de manera explícita o implícita de diferentes maneras, porque las condiciones de su encierro son terriblemente inhumanas. Para comenzar, en la población penal que orilla las 15.000 personas –cuando la capacidad de albergar reclusos del sistema penitenciario nacional es de tan solo 9.000– se vive un hacinamiento torturante.
En esa población penal, en donde no se diferencian condenados (el 20 por ciento) y con procesos aún abiertos (el 80 por ciento restante), el nivel de degradación humana es alarmante.
Hasta ahora –pese a que en el 2014 hubo también un censo penitenciario con las mismas intenciones que el actual– las declaraciones de buenas intenciones para abordar el problema no han ido más allá del discurso demagógico. Por eso, las cárceles –sobre todo la de Tacumbú, con una capacidad real de 1.800 reclusos que hoy alberga a cerca de 3.500– siguen siendo una sucursal del infierno en la tierra.
Ante esta situación, el censo que plantean el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el Ministerio de Justicia es relevante. Más que buscar modificar la Ley Electoral para permitir que los reclusos voten y se conozca online el estado de los procesos judiciales, los datos tienen que servir para ofrecer a todos condiciones de reclusión dignas, igualando en el trato a todos los presos, ya que en el presente, los vips gozan de privilegios inconcebibles en una cárcel.
No será la panacea la construcción de cárceles modelo. Servirán sí para contar con sitios más amigables para cumplir los castigos. Lo esencial seguirá siendo, sin embargo, atender y respetar los derechos humanos de las personas recluidas. El gran logro al que hay que apuntar es a la reeducación para que de la cárcel salgan seres humanos capaces de autogestionar su propia felicidad, alejados de los caminos de la delincuencia.
Al Ministerio de Justicia le compete el área penitenciaria. Por lo tanto, es aquí donde se debe articular una política pública de calidad para los reclusos. Esa cartera ministerial no puede seguir lavándose las manos sin plantear una solución global al problema de los reclusorios de hombres y mujeres.